Pasó de acusadora a acusada. Sin escalas, esa fue la transición que atravesó la empresa belga DEME, que impulsó presentaciones judiciales contra el Gobierno por presunto direccionamiento de la licitación de la Hidrovía y luego fue la única que presentó una oferta en la compulsa. Eso último fue motivo suficiente para que el Ejecutivo decidiera dar de baja el pliego e iniciar una investigación contra la compañía en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que es un organismo descentralizado del Ministerio de Economía.
“Se instruirá la intervención de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para que investigue la posible presión por parte de la única oferente sobre las restantes empresas, o la existencia de una connivencia entre las mismas en perjuicio del Estado Nacional”, indicó la cartera dirigida por Luis Caputo en un comunicado oficial.
Todo se desencadenó a partir de las 13:00 de este miércoles cuando, contra todo pronóstico, DEME quedó como la única oferente en la licitación de la Hidrovía, pese a que otras 10 empresas se habían inscripto en el sistema de competencia del pliego. Incluso, no se presentó Jan de Nul, actual contratista del Estado a cargo de las obras de mantenimiento de la vía navegable y blanco de la denuncia de DEME.
“Desconocemos la razón por la que la actual empresa dragadora [Jan de Nul] y otras competidoras no se han presentado”, respondió DEME en un comunicado, en el que también incluyó otros cuatro puntos en los que reconoció que “desde el inicio del proceso la empresa analizó el pliego, detalló sus críticas formales por direccionamiento e inició acciones judiciales administrativas”.
De hecho, esta empresa comenzó su batalla contra el pliego el pasado 9 de diciembre, cuando presentó su primer reclamo dirigido al titular de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor. También presentó su propia medida cautelar para pedir la suspensión de la licitación y acompañó una iniciativa de la Coalición Cívica ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) en la que pidió investigar si había direccionamiento.
En un documento que publicó en el Boletín Oficial, el Gobierno había afirmado que el señalamiento de presunto direccionamiento “carece de objetividad y constituye, un intento malintencionado de deslegitimar un proceso transparente”. Los representantes de Jan de Nul manifestaron una postura similar.
Otro argumento de DEME se concentró en demostrar que no fueron las únicas en manifestar críticas al pliego. “Sectores diversos del país comunicaron estas falencias del proceso, como la Unión Industrial Argentina, la Cámara de Puertos Privados, el Consejo Portuario, y legisladores del Congreso Nacional”, sostuvieron. En ese sentido, la UIA había pedido que se prolongaran los tiempos de la licitación y senadores, como Carolina Losada, elevaron una carta al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la que solicitaron revisar algunos puntos del pliego, como los incisos que describían las restricciones para presentarse como oferente.
Finalmente, la compañía belga cerró su comunicado pendiente del próximo pliego que anunció el Gobierno, aunque sin fecha. “Que el nuevo proceso licitatorio se establezca desde los más altos estándares internacionales de transparencia y eficiencia, siguiendo los lineamientos oportunamente presentados por la Procuraduría de Investigaciones Administrativa hace 24 horas. Estas mejoras solo pueden redundar en beneficio de la República Argentina, sus empresas, su logística y su población”, indicó.
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