El triste hecho de que apenas el 53,3% de los ciudadanos en condiciones de votar hayan concurrido a las urnas en las recientes elecciones de legisladores porteños obliga a una serena y profunda reflexión por parte de la dirigencia política. Se trata del más bajo nivel de participación electoral desde la reapertura democrática en un distrito cuyos habitantes tradicionalmente han mostrado un razonable grado de información y compromiso cívico.
Es probable que la decisión del gobierno de la ciudad de Buenos Aires de adelantar y separar los comicios legislativos locales de los nacionales, que tendrán lugar en octubre, haya generado cierta apatía o desinterés de muchos ciudadanos. No es descabellado pensar también que el grado de violencia verbal que mostró la campaña electoral haya motivado en algunos votantes una reacción de hastío y rebeldía, manifestada en la abstención electoral. Por cierto, nada bueno podía esperarse de una compulsa donde los líderes de dos fuerzas políticas que muchos presumían potenciales aliadas, como La Libertad Avanza y Pro, terminaron acusándose mutuamente de mentirosos. Mucho menos, de maniobras deleznables de las que no se recuerdan antecedentes, en las que hasta se recurrió a la inteligencia artificial con el fin de confundir al electorado.
El dato de la asistencia a las urnas en la Capital Federal no puede escindirse de la magra concurrencia registrada un fin de semana antes en elecciones legislativas de varias provincias, como Chaco (52%), Salta (58,5%), San Luis (60,5%) y Jujuy (63%), y en los comicios de constituyentes del 13 de abril en Santa Fe, que fue la más baja desde el regreso de la democracia en el distrito (55,6%).
El alto ausentismo cuando el voto es obligatorio refleja que seguimos asistiendo a una crisis de representación y un preocupante malestar social con la política, lo cual fuerza una severa autocrítica de la dirigencia.