Murcia se ve sacudida por la condena a un inmigrante marroquí que, bajo la fachada de «educador social» en un centro de menores, perpetró una brutal agresión sexual contra una niña tutelada de tan solo 15 años. Este escandaloso suceso, que tuvo lugar en marzo de 2021 pero cuya sentencia se ha hecho firme recién cuatro años después, pone de manifiesto la urgente necesidad de revisar los protocolos de seguridad y la idoneidad del personal que trabaja con los niños más vulnerables a cargo del Estado.
La Audiencia Provincial de Murcia ha dictaminado una pena de seis años de prisión para este individuo, quien, a sus 31 años, se valió de su posición para abusar de la confianza de la menor. La Justicia ha sido clara: a pesar de cualquier «consentimiento» que la joven pudiera haber expresado, la ley española no lo reconocepor debajo de los 16 años, calificando el acto como un delito de agresión sexual.
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Los detalles de la investigación son estremecedores. El condenado, cuyo nombre no ha sido revelado, recogió a la joven en su coche después de un contacto previo por teléfono. La llevó a un descampado a las afueras de la ciudad y allí, dentro del vehículo, consumó la agresión. La víctima, hoy de 20 años, relató en el juicio el nivel de manipulación del agresor, quien le exigió «jurar por su madre» que no lo denunciaría,prometiéndole que «no tendría problemas». Incluso, en un intento de desviar la atención de sus oscuras intenciones, le propuso «ver las estrellas» antes de detener el vehículo.
Resulta incomprensible cómo un individuo con tales intenciones pudo acceder y permanecer en un puesto de responsabilidad con menores. La relación entre el agresor y la víctima no era fortuita; la investigación determinó que habían mantenido contacto previo por WhatsApp, conociéndose durante la pandemia, cuando ella residía en el centro y él ya prestaba sus servicios allí.
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La revelación del abuso por parte de la menor a una compañera, que alertó al personal educativo del centro, y la posterior comunicación a la Consejería al día siguiente, demuestran que, aunque tarde, se activaron los mecanismos de denuncia. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿qué filtros existen a la hora de contratar a personal en estos centros? ¿Se prioriza la ideología de «integración» por encima de la seguridad de los menores?
Además de la pena de prisión, el tribunal ha impuesto al condenado cinco años de libertad vigilada tras cumplir la condena, y le prohíbe acercarse a la víctima durante seis años. Asimismo, ha quedado inhabilitado durante once años para trabajar en cualquier puesto que implique contacto habitual con menores.
En su defensa, el agresor intentó desvirtuar la denuncia, alegando un supuesto «acoso verbal» por parte de las menores del centro, llegando a afirmar que estas lo «tocaban» y que la denunciante le advirtió: «Si no haces nada conmigo, te voy a joder la vida«. Un intento desesperado y repulsivo de invertir los roles y victimizarse.