Una vez más, desde la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) se instala un discurso que erosiona el modelo social de la discapacidad. Esta vez, con declaraciones que cuestionan derechos conquistados desde una mirada individualista y meritocrática.
No es un hecho aislado. Es parte de un patrón preocupante: personas sin las herramientas, sensibilidad ni formación necesarias ocupan lugares de decisión en espacios tan sensibles y estratégicos. ¿Por qué seguimos naturalizando esto? ¿Quién cuida el sentido profundo de las políticas públicas? ¿Cómo garantizamos que el poder esté al servicio de los derechos y no de prejuicios personales?
Las desigualdades no son neutras. Se calcula que 1300 millones de personas viven con alguna discapacidad en el mundo. Las barreras estructurales son múltiples: hospitales inaccesibles, seis veces más difíciles de alcanzar; transportes inaccesibles, quince veces más restrictivos. Estas desigualdades nacen del estigma, la pobreza, la exclusión educativa y laboral.
En la Argentina, el 12,9% de la población vive en situación de discapacidad y el 75% de quienes están en edad laboral están desempleadas. Mientras tanto, las organizaciones que brindan servicios esenciales están al borde del colapso.
La inclusión, la equidad y la dignidad son responsabilidad de cada organización, de cada liderazgo y de cada decisión que tomamos desde el mundo del trabajo. El cambio cultural no puede esperar.
Vivimos en una coyuntura que nos empuja a ver a las personas como productores de valor, de recursos, de dinero o, directamente, como descartables, y por eso creemos más que necesario levantar la voz de otro entramado social y laboral. Uno que deje sin lugar al egoísmo, a la agresividad, a la competencia feroz… y en cambio, se sostenga en la colaboración, el cariño, la pasión y la humanidad.
Además, reconocer y valorar la diversidad no es solo una cuestión ética: es el motor que impulsa la innovación y el crecimiento sostenible de nuestras organizaciones y de nuestra sociedad. La diversidad nos enriquece, nos desafía a repensar lo posible y a crear soluciones que respondan a la complejidad del mundo actual.
Frente a este panorama, es difícil entender las contradicciones de quienes, en nombre de la “libertad individual”, cuestionan medidas de equidad. Se olvida que la verdadera libertad solo existe cuando todas las personas ejercen plenamente sus derechos humanos.
Necesitamos decirlo con claridad: los viejos paradigmas no alcanzan. Pero tampoco sirven los parches, los decretos ni las respuestas de emergencia que se eternizan como soluciones. Argentina necesita avanzar hacia una ley macro de discapacidad que piense el futuro con lógica moderna, coherente y colectiva. Una ley que no solo garantice derechos, sino que los sostenga más allá de gobiernos, crisis o circunstancias personales. Una ley que transforme la forma en que nos pensamos como sociedad.
Porque un país que pone en el centro a quienes históricamente fueron invisibilizados, se prepara para el futuro. Y porque en un país donde las personas son tratadas como recursos, datos o descartables, poner en el centro la dignidad humana es el acto más revolucionario que nos queda.
Y porque un mundo más humano no es solo mejor para las personas con discapacidad: es mejor para todas las personas.
Ese es el país que vale la pena construir.
Director Ecosistema La Usina