El Poder Judicial: una institución antidemocrática con privilegios de casta

El Poder Judicial, históricamente funcional a los poderes económicos y a los gobiernos de turno, vuelve a mostrar su carácter antidemocrático. El reciente fallo contra Cristina Fernández de Kirchner –una condena política bajo el ropaje de «anticorrupción»- expone el lawfare en acción: la manipulación de la Justicia para eliminar adversarios. Mientras la Corte actúa con celeridad para inhabilitar opositores, archiva causas contra empresarios y funcionarios macristas.

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Los jueces que condenaron a Cristina Fernández de Kirchner en el juicio por la causa Vialidad en diciembre de 2022 fueron: Jorge Gorini (presidente del Tribunal Oral Federal N° 2), Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso.

El Tribunal condenó a CFK a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, declarándola penalmente responsable de administración fraudulenta en perjuicio del Estado por favorecer a Lázaro Báez en la adjudicación de obras viales en Santa Cruz.

Los jueces absolvieron a otros imputados claves, como Julio De Vido, y descartaron la figura de «asociación ilícita» que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola habían impulsado. Esta inconsistencia revela que el verdadero objetivo nunca fue investigar la corrupción, sino golpear políticamente al kirchnerismo.

El fallo se dio en medio del escándalo por las filtraciones ilegales que expuso la connivencia entre jueces, empresarios y funcionarios macristas, como Julián Ercolini, uno de los impulsores de la causa. Además, se confirmó que las pruebas fueron obtenidas mediante espionaje ilegal, un método que el Poder Judicial usa con frecuencia para armar causas penales.

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Mientras Cristina es condenada, ningún funcionario del gobierno de Mauricio Macri ha sido judicialmente responsabilizado por los megaescándalos de corrupción de su gestión (como los cuadernos de las coimas, las escuchas ilegales que ordenó o los favores a empresarios amigos). No se avanzó, tampoco, en investigar los vínculos entre jueces y el poder económico, tal como quedó en evidencia con el viaje de jueces, fiscales y funcionarios del gobierno de Mauricio Macri a la estancia del magnate Joe Lewis en Lago Escondido.

Entre los participantes de aquella reunión figuraron los jueces Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Cayssials y Pablo Yadarola; el jefe de los fiscales de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques (hijo de Carlos); el entonces ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro; el empresario especialista en campañas digitales Tomás Reinke; y el exjefe de legales de la AFI, Leo Bergroth.

Todos ellos llegaron en un avión privado al aeropuerto de Bariloche y fueron trasladados hasta la estancia en vehículos habitualmente utilizados por Lewis. El encuentro expuso la trama de poder, lawfare y garantía de impunidad para Mauricio Macri, mientras la justicia avanza con condenas selectivas contra el kirchnerismo.

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Poder Judicial: la aristocracia del régimen burgués

Dentro de la propia democracia burguesa, el Poder Judicial es el más antidemocrático de los poderes del Estado. Los jueces se designan mediante mecanismos cerrados, conformando una especie de aristocracia institucional ajena al voto popular.

Históricamente, en Argentina, estuvo vinculado a los terratenientes, los grandes empresarios y al Partido Militar. Apoyó todos los golpes de Estado, las leyes de impunidad consagradas por Alfonsín y la entrega del patrimonio nacional con las privatizaciones y la reforma del Estado de Menem.

Para acabar con los privilegios de los miembros del Poder Judicial, debe empezar por igualar el sueldo de los jueces al de una maestra, así se termina con los beneficios de esta casta corporativa. Propuestas como la elección directa de jueces, la formación de juicios por jurados y el derecho a la revocabilidad por parte de sus electores serían mil veces más democráticas que el sistema actual. La excesiva concentración de poder en la Corte Suprema, donde tres, cinco o siete miembros deciden la constitucionalidad de leyes y políticas públicas, es otra muestra de ello. Por eso, la disolución del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema, instituciones consideradas rémoras feudales, también debe ser parte de esta lucha.

No es casual esta estructura de privilegios: responde a su función histórica de garantizar la impunidad de los poderosos y la represión de las luchas populares, consolidando su rol como garante de los intereses de la clase dominante en el marco del Estado capitalista. Su carácter de clase se manifiesta claramente en la celeridad para criminalizar la protesta social, judicializar la política (cada vez que el poder lo necesita), blindar los privilegios de clase dominante o paralizar sistemáticamente las causas que involucran a empresarios (como las causas de lesa humanidad).

Esta selectividad judicial refleja su función real como aparato represivo que se viste con ropaje «legal». La historia de la justicia burguesa, como lo señalaron Lenin y otros teóricos marxistas, nos muestra que el sistema judicial ha sido diseñado para proteger y legitimar la propiedad privada, manteniendo el orden a través de leyes que, aunque se presentan como universales, en realidad benefician a una clase minoritaria.

Para impulsar estos reclamos, la movilización callejera es esencial. La CGT debe convocar a un paro y movilización para rechazar este fallo antidemocrático y proscriptivo que atenta contra el derecho de la población a elegir a sus representantes.