El Ministerio de Salud de la Nación, a través de su titular Mario Lugones, se presentó como querellante en la causa en la que se investiga el vínculo entre un lote de fentanilo contaminado con las muertes de al menos 52 pacientes hospitalizados en distintos puntos del país. La solicitud fue aceptada por el juez que lleva adelante el expediente.
La presentación formal fue realizada por el equipo jurídico de la cartera basándose en «el interés legítimo del Estado Nacional de contribuir al esclarecimiento del caso y garantizar la protección de la salud pública», indicaron las fuentes consultadas.
De acuerdo a los voceros, el ministerio viene colaborando con la justicia desde el inicio de la investigación, a la que aportó informes técnicos y documentación relevante.
Con esta presentación con querellante en el expediente, la cartera de Lugones busca reforzar la intervención del Estado en una causa de «alto impacto sanitario y con alcance interjurisdiccional».
Por ello, se indicó que el ministerio pone a disposición de los investigadores sus recursos técnicos, científicos y humanos para contribuir con la producción de la prueba y colaborar con la identificación de los responsables.
Actualmente, el expediente principal tramita en el Juzgado Federal 3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak.
Fuentes judiciales indicaron a Clarín que el pedido de la cartera de Salud fue aceptado este jueves y que en las últimas horas también lo solicitaron tres centros de salud de Rosario, donde también hubo pacientes fallecidos.
La versión de laboratorio apuntado
Más de cincuenta días después de que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de venta de todos los productos elaborados por el laboratorio HLB Pharma por su presunta vinculación con el fentanilo contaminado, se conocieron dos explicaciones por parte de la empresa investigada.
Mientras la primera llegó este martes directamente al juzgado de Kreplak, la segunda fue una comunicación de carácter institucional que la empresa difundió el miércoles a través de su web oficial, en la que asegura que una bacteria multirresistente propia del ámbito hospitalario «sencillamente no es posible en el entorno de un laboratorio», y acusa a sus «competidores» de «distorsionar» el resultado de «informes y estudios, a fin de obtener un rédito económico de la situación».
La primera explicación ingresó al despacho del juez en la forma de un escrito firmado por Nilda Furfaro, madre de quienes serían los dueños o quienes tienen manejo de las firmas investigadas: Ariel, Diego y Damián García Furfaro. La mujer lo hizo llegar a través de su abogado, Gastón Matías Marano, y en esa presentación «manifiesta y hace saber sobre la existencia de una campaña de desprestigio mediático y de publicación de falsedades insostenibles”.
La mujer, que se presenta como “ex presidente” de HLB Pharma Group, cuestiona que “se sigue afirmando en la prensa que hubo falta de trazabilidad o faltante de fentanilo cuando quedó acreditada la destrucción total del remanente” de ese producto. Es en relación a una nota publicada este fin de semana por el diario La Nación, que hizo mención a esa supuesta inconsistencia.
Para Nidia Furfaro, “la prensa insiste en atribuir muertes al uso del fentanilo, atribuyendo nexos imposibles”, en referencia a las notas que publicó Clarín sobre el caso y también al testimonio de la madre de una de las víctimas, Renato Nicolini (18).
La ex presidenta intenta desmentir que se hayan registrado “cientos” de advertencias y amonestaciones por parte del ANMAT en inspecciones previas. Y que esas revisiones hubieran determinado la existencia de productos contaminados.
“La enorme mayoría de las intimaciones de ANMAT se debían a cuestiones normativas o documentales”, reconoce y, en ese sentido, evalúa que se trata solo de “cuestiones burocráticas” las que observaba el órgano de control. Además, asegura que HLB Pharma es uno de los laboratorios más inspeccionados de la industria. “Lejos de ser laxo el control de ANMAT, el nuestro ha sido sin dudas el más controlado del mercado”, dice el escrito.
Mientras que en uno de los diez párrafos del comunicado de HLB Pharma se indicó: «»Desde un comienzo, nuestro laboratorio, en cooperación con Ramallo, ha pugnado por cumplir rigurosamente con todos los protocolos de calidad establecidos, así como con las presentaciones de la documentación y requisitos exigidos por A.N.M.A.T. y otros entes reguladores, tanto nacionales, como provinciales y municipales», prosiguen y agregan que su «compromiso con la salud pública ha sido absoluto«.
La investigación
A principios de mayo, la ANMAT presentó una denuncia en el Juzgado Federal 3 de La Plata luego de comprobar que un grupo de personas internadas en el Hospital Italiano de esa ciudad murió tras haber recibido dosis de ese opioide analgésico mientras permanecía en terapia intensiva. Los técnicos del centros asistencial platense establecieron que las ampollas suministradas a esos enfermos correspondían a lotes adquiridos a la empresa HLB Pharma y producidas por el laboratorio Ramallo.
Desde entonces, el juez Kreplak investiga la posible responsabilidad penal por la aparición un brote de neumonía asociado al uso de fentanilo contaminado en La Plata. A su vez, se incorporaron posteriormente casos en Rosario, CABA y otros puntos de la provincia de Buenos Aires.
Según las fuentes judiciales consultadas, ya se confirmaron 52 muertes por las bacterias que se colaron en el fentanilo. Durante la investigación hubo allanamientos, declaraciones testimoniales, aportes de técnicos del órgano de control y de otras instituciones. Pero, hasta ahora, no se habían pronunciado desde el grupo de empresas farmacéuticas involucradas.
Los directivos o responsables técnicos de la elaboración del fentanilo no fueron convocados a declarar aun en esta etapa de instrucción de la causa. Todavía se analizan los procedimientos que realizó la ANMAT y la documentación secuestrada en los allanamientos que ordenó Kreplak.
Hasta el momento, en el expediente no hay imputados y mucho menos detenidos. Restan datos oficiales y también hilvanar algunas líneas de investigación. Por ahora, la Justicia no logró establecer si hubo negligencia, impericia o dolo en este proceso que derivó en el fallecimiento de 52 personas de una lista de pacientes internados que se puede ampliar cuando se termine de cotejar constancias y fichas clínicas.
Colaboró Fabián Debesa
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