En Córdoba la gente llega con lo justo, o no llega a fin de mes. Pese a ello, casi 1 de cada 2 cordobeses votará por Javier Milei o su partido en las próximas elecciones. Así lo describe el último y lapidario informe de Casa 3, titulado sin eufemismos: “El Horno no está para Bollos”. La frase refleja un estado de situación en el que los márgenes de tolerancia social se achican y la presión sobre la política crece.
Los ingresos reales de los cordobeses se recuperaron a niveles de noviembre de 2023. Sin embargo, las familias son hoy un 10% más pobres. La consecuencia serían los gastos fijos que se dispararon. En especial las tarifas: pasaron de representar el 14% de los ingresos al 25%, en promedio. Más de un cuarto del sueldo se va en luz, agua y gas.
La comparación con el AMBA, donde el “sinceramiento” tarifario fue más brusco, pone en evidencia un problema estructural en Córdoba: paga más, a pesar de todo.
Una inflación propia que no da tregua
Córdoba tiene una inflación más alta que la nacional. En mayo, marcó un 46,3% interanual frente al 43,5% del INDEC. ¿El motor? Las tarifas. En lo que va de 2024, la luz se cuadruplicó, y el gas y el agua se triplicaron. A esto se sumaron en junio aumentos del 32% en transporte urbano, 12% en agua y 1% en combustibles. No es una percepción: el 76% de los cordobeses cree que paga más que en otras provincias.
Los aumentos en los servicios públicos disparan alteraciones de precios en toda la cadena de valor de bienes y servicios en la provincia. Según el Centro de Industriales Panaderos y Afines de Córdoba, el último aumento del 15% en los productos panificados se debió al incremento en las facturas de los servicios y no a los insumos de panificación.
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El estudio hace foco en un punto sensible: la estructura impositiva oculta en las tarifas. El 46% de la factura de luz, el 36% del gas y el 42% del agua son impuestos y tasas. EPEC encabeza las críticas por incluir conceptos no vinculados con el servicio. En los hechos, los servicios públicos funcionan como un mecanismo de recaudación indirecta, tanto para la provincia como para los municipios.
Gasto, impuestos y desconfianza
El descontento ciudadano se dirige con claridad hacia la conducción provincial. El 64% considera que el Gobierno no administra bien los recursos, y el 86% pide una baja de impuestos.
Además, un 33% califica como “malo o muy malo” el vínculo entre el Ejecutivo y el sector privado. El dato más crudo: el 48% cree que los aumentos de impuestos responden a la incapacidad de gestión.
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El ajuste ya se siente en el día a día. El 53% no percibe una baja de la inflación, pese a los discursos oficiales. El 57% resignó consumos habituales y solo el 20% declara que sus ingresos alcanzan.
Las ventas pyme cayeron 6,9% interanual en abril, y el 88% de la población se financia para comprar alimentos.
Milei conserva apoyo, pero la dirigencia local en la mira
Paradójicamente, pese a este escenario, el 43% cree que su situación mejorará al final del mandato de Javier Milei, y un 47% votaría por su espacio en las próximas legislativas.
Mientras tanto, la política cordobesa enfrenta su propio dilema: seguir ajustando o buscar formas de alivio tributario que frenen el deterioro social.