La llegada de las nuevas autoridades a la conducción de los medios públicos argentinos anticipa un fuerte cambio de rumbo para el sector. El Ejecutivo nacional tiene definido como objetivo principal reducir drásticamente la estructura de medios estatales, con la privatización como meta ideal y el cierre parcial o total de varias señales como alternativa “si no hay otra opción”. Para concretar esta avanzada, reconocen que deberán superar obstáculos legislativos y judiciales, pero las señales de ajuste ya comenzaron.
Reorganización y nuevas caras con perfil económico
En las últimas dos semanas, se oficializaron dos designaciones clave: Carlos Curci, exvocero de la Sociedad Rural, quedó a cargo de la intervención general, mientras que Bárbara Pintelos asumió la nueva subsecretaría de Medios. Pintelos no tiene experiencia en el rubro, algo que en el Ejecutivo señalan como una virtud: su función principal será “achicar todo”, con foco en la reestructuración económica y la reducción de personal. Fuentes oficiales son tajantes: “Llega para recortar”.
La nueva conducción buscará marcar un quiebre con la gestión anterior, que estuvo encabezada por Eduardo González y que respondía al exinterventor Diego Chaher, referente del proceso de privatizaciones, pero ajeno al círculo más cercano a Manuel Adorni y Santiago Caputo, quienes manejan la estrategia comunicacional libertaria.
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Privatización, cierre y reducción: los planes para cada área
El plan oficial varía según el área. La flamante Contenidos Artísticos e Informativos SAU (exContenidos Públicos) podría directamente cerrarse, aunque aún no se definió si esto ocurrirá antes o después de las legislativas. Paka Paka, la señal infantil, enfrenta tres opciones: ser absorbida por otra área, privatizada o directamente discontinuada.
La situación de Radio y Televisión Argentina (RTA) es paradigmática: con más de 2200 empleados, el Gobierno aspira a reducir su plantilla “a casi la mitad” y recortar sus gastos al extremo, dejando la puerta abierta a una futura privatización si el Congreso lo permite. El mismo destino espera a TV Pública (casi 900 empleados) y Radio Nacional (1.169 trabajadores), donde se evalúa ofrecer retiros voluntarios y avanzar con despidos si no hay acuerdo.
Por su parte, la nueva Apesau (exTélam) seguirá con reducción de personal y una administración mínima de la pauta oficial. Desde la oposición ya denuncian que en varios casos los “cambios” son apenas un maquillaje, señalando que sólo se cambiaron los nombres. El oficialismo, en cambio, insiste en que los recortes son reales y que habrá “una poda inédita”.
Menos empleados, más ajuste y menos medios públicos
El mensaje del Gobierno es claro: consideran que los medios estatales están “sobredimensionados” y “siempre dan pérdida”. Bajo ese argumento, avanzan con despidos, retiros voluntarios y la reducción o cierre de señales enteras. El caso de la TV Pública y Radio Nacional es elocuente, ya que en ambos casos se apunta a recortar la dotación en un 50% en todo el país.
Este nuevo capítulo de ajuste llega en paralelo con la estrategia comunicacional del vocero presidencial, Manuel Adorni, que lanzó un ciclo propio para desmentir “noticias falsas” y que podría desembarcar en la TV Pública con un programa de estilo similar al recordado y polémico “6-7-8” del kirchnerismo, aunque con una impronta libertaria. En la actualidad, el área de Comunicación presidencial cuenta con más de 200 empleados, aunque Adorni también analiza reducir esa dotación.
Con estos anuncios, el Gobierno deja en claro que el ajuste en medios públicos es inminente y que el futuro de canales históricos como la TV Pública, Radio Nacional y Paka Paka está más incierto que nunca, en medio de la puja por la privatización y el avance de una lógica de fuerte achicamiento estatal.