Los nuevos dueños de Impsa (Industrias Metalúrgicas Pescarmona) –la metalúrgica mendocina que pertenecía a la familia Pescarmona y se terminó de privatizar por completo en el verano, cuando pasó a manos de la estadounidense ARC Energy– presentó en la Justicia una propuesta para reestructurar su deuda por US$ 583 millones.
Según comunicó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) este martes, informó ante el Segundo Juzgado de Procesos Concursales de Mendoza una oferta que será sometida a la aprobación de los acreedores de la compañía el 15 de octubre.
El planteo prevé la reprogramación del cronograma de vencimientos de la deuda sin quitas de capital, a los efectos de brindar a la empresa “el tiempo necesario para posibilitar el ordenamiento y normalización de sus operaciones y de su estructura, así como la obtención de nuevos contratos”, indicó en la nota enviada a la CNV.
De ser aprobado, los vencimientos se extenderán hasta finales de 2044. “Permitirá brindar una solución definitiva a los problemas que han afectado a Impsa y sus operaciones en los últimos años, asegurando al mismo tiempo la cancelación de dichas deudas, en condiciones razonables, sin quitas de capital y con objetivos cumplibles”, afirmó.
Según Impsa, un acuerdo de este tipo le permitirá preservar la continuidad de la empresa, los puestos de trabajo de sus cerca de 600 empleados directos y la actividad del centenar de pymes que trabajan con ella.
En enero, la metalúrgica pasó a manos de Industrial Acquisitions Fund (IAF), subsidiaria de ARC Energy, que tomó su control al adquirir las acciones que estaban en poder del Estado Nacional y de la provincia de Mendoza.
Si bien no era 100% estatal, se considera la primera privatización en la ‘era Milei’. En 2021, cuando el Estado la rescató del default, Nación se quedó con el 65%, Mendoza con el 25% y la familia Pescarmona retuvo alrededor del 10%.
Como parte de la adquisición, se comprometió a buscar acuerdos con los acreedores de Impsa para reestructurar el pasivo. La operación fue anunciada oficialmente el 8 de enero y el contrato de transferencia se firmó el 11 de febrero, cuando la compra se volvió efectiva.
Así, Impsa volvió a manos privadas tras haber sido estatizada en 2021 en el gobierno de Alberto Fernández, en un contexto de crisis financiera y endeudamiento.