La fiscal que investiga a Andrea del Boca por supuesto fraude en el financiamiento de la novela «Mamá Corazón», cuyo rodaje quedó incompleto, pidió esta semana que se le imponga una pena de tres años y medio de cárcel a la actriz, así como también condenas similares a los otros imputados en la causa.
Además, la fiscal federal Fabiana León solicitó ante el Tribunal Oral Federal N° 7 una pena de cuatro años y medio de prisión para el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, a quien señaló como el principal responsable de una maniobra defraudación contra la Administración Pública.
Ya en la etapa de juicio, la fiscal consideró en su alegato que Andrea del Boca fue «partícipe necesaria» del supuesto fraude por $ 24.000.000 que salió a la luz en 2016, del cual participaron funcionarios públicos y autoridades de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).
de vido
Por eso, además de Andrea del Boca y Julio de Vido (para quien la fiscal León también pidió la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos), está en la mira de la justicia el exrector de la UNSAM, Carlos Ruta, considerado «partícipe necesario» del fraude.
La fiscal León pidió cuatro años de cárcel para Carlos Ruta, y la condena a secretario de la UNSAM, Maximiliano Schwerdtfeger, así como también a tres exfuncionarios de la época de Julio de Vido: Luis Vitullo, Alberto García y Nahuel Billoni Ahumada.
A ese último grupo de imputados la fiscalía le reclamó el pago de de U$S 3.126.000 en concepto de restitución solidaria al Estado.
En su exposición de esta semana ante el TOF 7 la fiscal León aseguró que la productora de Andrea del Boca, A+A Group, recibió $ 24.000.000 de manera irregular al no haberse realizado ni un concurso ni compulsa de precios.
El supuesto fraude fue posible por los convenios firmados entre la productora, el Ministerio de Planificación (cuyo titular era Julio De Vido) y la UNSAM.
La fiscal León también señaló cláusulas «arbitrarias y leoninas» que favorecían a la productora de Andrea del Boca porque le daban la exclusividad de la distribución internacional por 60 meses, prorrogables por otros 60, cuando el producto en cuestión estaba íntegramente financiado por el sector público.
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