El gobierno chino impulsa un sistema que funciona en paralelo al aparato policial, con detenciones que no requieren autorización judicial. Los detenidos, además, no tienen acceso a abogados en condiciones normales.
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En los últimos años, el ambiente para el emprendimiento corporativo en la República Popular de China ha experimentado un deterioro estructural.
Desafíos económicos, institucionales y legales, por un lado, y por el otro, la economía del país que no ha logrado recuperar completamente el impulso tras la pandemia de Covid-19, lo que se traduce en un ánimo de consumo tenue, altos niveles de sobreproducción, competencia intensa en los sectores industriales y ventas minoristas que se han desplomado.
El número de empresas industriales que reportan pérdidas permanece en niveles récord. En este escenario adverso, la incertidumbre para los empresarios se profundiza y trasciende lo meramente comercial.
Este deterioro del entorno económico se combina con un clima regulatorio que ha ganado rigidez y alcance: investigaciones oficiales a líderes corporativos, restricciones judiciales al movimiento de ejecutivos e incluso una serie de suicidios de empresarios en el curso del año han generado la percepción de una presión creciente e incluso desesperada.
EL SISTEMA DE DETENCIÓN
EXTRAJUDICIAL
En este contexto, el régimen extiende un método represivo conocido como Liuzhi, implementado por el dispositivo disciplinario del partido en China. En su origen, creado en 2018, este mecanismo estaba dirigido principalmente a miembros del partido y funcionarios del gobierno, en el marco de la campaña anticorrupción lanzada por el secretario general Xi Jinping. Sin embargo, pronto su aplicación se extendió también al ámbito empresarial.
El sistema funciona en paralelo al aparato policial ordinario: las detenciones no requieren autorización judicial y los detenidos «no tienen acceso a abogados en las condiciones normales».
Las reformas introducidas recientemente en junio permitieron que una persona sea detenida bajo este régimen hasta ocho meses, reiniciando el contador si se sospecha un nuevo delito, y sometiéndola a interrogatorios prolongados. Las celdas suelen «carecer de ventanas, las luces permanecen encendidas las 24 horas y los detenidos son vigilados constantemente, incluso cuando usan el baño».
Este sistema se ha vuelto una fuente evidente de ansiedad entre los empresarios chinos. Así lo demuestra el caso del empresario y científico Yu Faxin, especializado en semiconductores avanzados para aplicaciones militares, detenido el 22 de septiembre mientras su empresa cotiza en la Bolsa de Shanghái.
La dimensión de esta aplicación también ha sido cuantificada: el medio especializado The Economist contabilizó 39 casos de ejecutivos de empresas cotizantes que han desaparecido en ese sistema hasta fines de septiembre, aproximadamente uno por semana, cifra que ya supera el récord del año anterior. Cabe señalar que esta cifra corresponde solo a empresas cotizantes; el universo real es mucho mayor.
Más aún, el órgano del partido autorizado para estas detenciones, la Comisión Central para la Inspección Disciplinaria (Ccdi), informó acciones disciplinarias (incluido el Liuzhi) contra más de 60.000 personas en el sector farmacéutico y 17.000 en el financiero durante el año pasado, lo que evidencia el alcance corporativo de la represión.
Más allá de los riesgos corporativos e institucionales, se abre un capítulo complejo en términos humanos y morales: los suicidios de empresarios que se han convertido en una manifestación extrema de la presión bajo la que operan algunos ejecutivos chinos. Entre abril y julio, al menos cinco empresarios prominentes se arrojaron desde edificios altos.
El caso de Wang Linpeng resultó especialmente conmocionante. Fundador de una exitosa cadena de tiendas por departamento y durante años el hombre más rico de la provincia de Hubei, fue puesto bajo Liuzhi en abril, liberado a fines de julio pero bajo vigilancia, y días después se quitó la vida.
Represión corporativa
El incremento de empresarios detenidos bajo el régimen conocido como Liuzhi responde a múltiples factores convergentes. Por un lado aparece la continuidad y expansión de la campaña anticorrupción de Xi Jinping que lanzó como prioridad la supervisión del aparato estatal, pero que actualmente se extiende al mundo empresarial. La consultora Gavekal Dragonomics estima que el número de casos abiertos podría alcanzar un récord de un millón este año.