Luego de una amplia difusión de la realidad que generaba la sensación de impunidad que se daba en la zona, se recibió como una bocanada de oxígeno la decisión de las más altas autoridades policiales que cumplieron con hacer una purga que restableció la confianza en el ámbito productivo. Las clavijas que faltan ajustar por estamentos de la Justicia y como en otras localidades de las autoridades municipales, que no tiran parejo ni con los productores ni con la Policía.
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Gustavo Adolfo Ojeda, conductor del programa radial La Otra Campana que se emite de manera simultánea por LT7 Radio Corrientes y LT25 Radio Guaraní de Curuzú Cuatiá, dialogó con el periodista Gabriel Bruno sobre la compleja situación del abigeato en San Roque.
Bruno brindó detalles del reciente descabezamiento de la cúpula del Priar local y la aparente inacción de la Fiscalía y el Municipio, en aspectos que se reeditan en otras localidades del Interior provincial, en la que las más de las veces la Policía, limitada por el nuevo código, queda en soledad junto con los productores frente a un delito que crece y que requiere medidas aleccionadoras de parte de los distintos estamentos para instalar la idea de que «quien las hace las paga».
A continuación, el desarrollo de la entrevista.
San Roque fue noticia en estos últimos días por el tema del abigeato. Impactó y mucho más allá de San Roque la decisión de descabezar la cúpula del Priar removiendo no solo al Jefe sino a gran parte del personal. Se hablaba de connivencia. De que la Superioridad comprobó que había una treintena de denuncias cajoneadas, y que desde la propia Policía se desalentaba a los productores a que formalicen las denuncias.
-La verdad que es lamentable. Nos da pena y tristeza como sanroqueños tener que estar en los titulares por cuestiones como estas. Es un flagelo que venía sacudiendo nuestra región desde hace un tiempo. Felizmente encontramos eco en un funcionario de nivel provincial que nos escuchó y se ocupó de la situación. Me refiero al comisario general Gerardo Torres, jefe del Priar de la provincia de Corrientes, quien atendió nuestra inquietud, y tuvo el pleno respaldo de la Jefatura de Policía. Se apersonó hasta San Roque y corrigió lo que había que corregir. Removió a la cúpula del Priar, algo que fue aire fresco en toda la comunidad. Esto era necesario para evitar lo que ya era moneda corriente: una especie de connivencia entre la autoridad policial local del Priar y quienes delinquían con la carne o las vacas ajenas.
¿Cómo se llegó al detonante de esta crisis y qué revela sobre el accionar de la Fiscalía?
-Las acciones delictivas habían sido denunciadas oportunamente por los productores, pero descubrimos que las denuncias quedaban cajoneadas en la dependencia policial y había una inacción de la Fiscalía rural con asiento en Goya. El último hecho que fue el detonante tuvo como víctima al productor Joaquín Carrea, a quien le faenaron dos vacas en una misma noche hace unos 10 días. Se constató que estas vacas fueron traídas a una o dos carnicerías de San Roque y algunos depósitos. La Policía lo encontró y lo secuestró, poniéndolo a disposición de la Justicia. Ahora, lo increíble es lo que pasó después: el carnicero que vendía la carne robada en el mostrador no fue indagado, demorado ni citado por la Justicia. Solo se detuvo preventivamente a un remisero (algo increíble, ya que en un auto no entran dos vacas de 400 kg de carne) y al ayudante del carnicero, para averiguación de antecedentes. La investigación no se profundizó para saber quiénes faenaron en el campo, cortaron alambrados o robaron caballos. Para colmo estuvo preso solo un par de días.
Es decir, todas estas cuestiones quedaron tapadas. Nadie fue preso, la carnicería siguió vendiendo como si nada, no fue clausurada. Esto genera una sensación de impunidad muy fuerte. Como lugareño que conocés el terreno y la idiosincrasia sanroqueña, ¿por qué creés que sucede?
-Pasa porque son negocios en los que se mueve mucha plata. Estamos hablando de faenas continuas, todos los días y todas las noches. Era moneda corriente. Hablamos de 30 denuncias ocultas por parte de los productores en los últimos meses. El comisario general Torres no tenía conocimiento de esto. A él le mostraban una estadística que decía «San Roque figura con denuncia cero». Esto se debe a que algunos comisarios adoptaron la maña de cuidar la estadística para que pareciera que el delito se redujo, lo cual es una gran mentira, un camuflaje. El delito existe, lo tapan de este modo para no verse perjudicados. Además, existe la complicidad a otros niveles. Ante un hecho de esta magnitud, Bromatología de la Municipalidad, que no cumple con los controles de rutina, debería haber clausurado preventivamente la carnicería, ya que se estaba poniendo en riesgo la salud de la población al vender carne robada y potencialmente no apta para el consumo. Ni siquiera hubo una contravención al carnicero. Sigue vendiendo como si nada, paseándose como una especie de ostentación de la impunidad que tiene.
Con este nuevo Código Procesal Penal, la Policía está limitada en la investigación. El peso recae sobre la Fiscalía. Es el Fiscal quien dirige la investigación en el terreno.
-Totalmente. Los jueces ahora son jueces de Garantía y ven limitado su accionar para garantizar los derechos del delincuente sobre todo, y no los derechos de la víctima. El accionar policial también se ve limitado con este nuevo código: hoy no se habla de interrogatorio, sino de «entrevista informal». El policía puede tener toda la información y saber quién delinquió, pero si el fiscal no ordena, no puede actuar. Por ejemplo, en un robo de ganado, el allanamiento se ordena 48 horas después de la denuncia, algo totalmente irracional porque a las 48 horas ya no queda nada. Por eso, la mirada tiene que estar puesta en este nuevo Código Procesal Penal y en el accionar de los fiscales, porque son ellos los que deben garantizar que no exista impunidad. Al estar sueltos, al no ser penados, y al llevarse adelante un proceso tan garantista, estas personas pueden seguir delinquiendo hoy de nuevo.
Lo que se destapó aquí es una especie de mafia donde había funcionarios policiales, sobre todo el jefe desplazado. Había un hilo de complicidad que la Superioridad lo advirtió y no tuvo reparos para verificar y proceder, algo que debe destacarse.
-Así es. En San Roque hay bandas organizadas con este tema. Se comprobó que se cajoneaban las denuncias, o directamente les decían a los productores que no denunciaran más porque «les iban a molestar», desalentando la denuncia. Incluso se constató que había transferencias de algún oficial que recibió coimas a través de Mercado Pago, dejando huellas. Cobrar por autorizaciones de faenas rurales es un delito, y esto también genera impunidad. Respecto a la Justicia, lo que ocurre es que no se profundizó la investigación. Se sabe quiénes faenaron, pero el Fiscal no ordenó ni siquiera la indagatoria o la citación de los sospechosos. No se allanó un depósito frigorífico de otra carnicería donde se sabía que podía estar el otro animal faenado.
Hablamos de San Roque, pero también recordamos un camión con 28 vacunos interceptado en Paso de los Libres por el Priar. Tampoco hubo respuesta de la Fiscalía con el agravante de que se terminó designando depositario y devolviendo 17 vacunos al que está sospechado, generando una sensación de impunidad lamentable. Es como que se desalienta el correcto accionar de la Policía. El Fiscal que no actúa en tiempo y forma y los productores en los que crece la sensación de impunidad. Esto se da en tiempos electorales, donde un animal robado a veces sirve para un mitin político.
-Sí, es una situación muy compleja. La verdad es que la tarea del comisario general Gerardo Torres ha sido intensa, y lo es con las 26 delegaciones del Priar en la provincia. Suerte que, tanto desde la Jefatura como del Ministerio de Seguridad hay amplio respaldo. Torres se movió rápidamente, corrigió lo que tenía que corregir, y nosotros estamos contentos por ese lado, de encontrar un funcionario que responda a la inquietud de la sociedad, que escuche a la comunidad y que no le tiemble la mano para sancionar a sus propios uniformados. Hay un trámite que va a tener que responder este ex jefe policial y quienes estuvieron con él por ocultar denuncias. Hoy, San Roque aparece con otra dinámica de trabajo en la fuerza policial rural. Se hacen controles en carnicerías que antes no se hacían, se hacen controles más intensos en rutas, y se hace trabajo de inteligencia conversando con los vecinos en toda la zona rural. Ahora, la mirada está puesta en la Justicia. Necesitamos fiscales rurales que penalicen al delincuente. Si no, el mensaje que se da a la sociedad es muy controvertido: el que fue víctima sigue atemorizado, y el delincuente dice «sigamos, total no pasa nada».
MANO DURA, CON EFECTO EJEMPLIFICADOR
El jefe de los Priar a nivel provincial, general Gerardo Torres se hizo eco del reclamo de los productores. Se constituyó en el lugar y comprobó que había una cantidad de denuncias a las que no se les había dado trámite. Con la venia de la Superioridad descabezó a las autoridades del Priar local y designó a un comisario de Concepción que se hizo cargo de la repartición, donde además se desplazó a una importante cantidad de efectivos. La medida tuvo fuerte repercusión provincial y terminó poniendo en la mira a los fiscales que muchas veces, más allá del empeño y celo con que se desenvuelve el Fiscal General de la Provincia, en los hechos no están a la altura de las circunstancias. No atienden los llamados de la Policía, demoran las órdenes de allanamiento, y son permisibles a la hora de llamar a indagatoria o pedir detenciones. En Paso de los Libres se interceptó un camión. Ya no se trata de robos aislados. El robo comienza a ser en escala y el destino final, un conocido frigorífico de Misiones. En el caso de Paso de los Libres, la Sociedad Rural hace tiempo clama por la designación del Fiscal Rural, hasta ahora sin respuesta. En la gráfica, el nuevo jefe del Priar de San Roque, comisario Romero, junto al titular de los Priar de la provincia, general Torres.