El bloque de José Mayans quiere que el debate sea el 19 de noviembre. Hay dudas sobre las posturas de algunos legisladores, cuyos mandatarios provinciales vienen negociando con el ministro del Interior, Diego Santilli.
La bancada de Unión por la Patria (UxP) en el Senado ya prepara la última sesión antes del recambio legislativo.
José Mayans intentará juntar a sus 34 senadores y a otros legisladores para alcanzar los 37 para el quórum y abrir el Senado nacional el próximo miércoles 19 de noviembre.
No será una tarea fácil, los resultados electorales del pasado 26 de octubre impactarán desde el próximo 10 de diciembre con la reducción de la bancada peronista, que pasará a denominarse Fuerza Patria, de 34 a 28 integrantes.
Pero las conversaciones avanzadas entre el ministro del Interior, Diego Santilli, con los gobernadores de Santiago del Estero, Gerardo Zamora y de Catamarca, Raúl Jalil, podrían provocar que los senadores de estas dos provincias no se sumen a la última embestida de UxP. Si podrían acompañar los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco y Guadalupe Tagliaferri del Pro, que se están despidiendo de la Cámara alta.
El tema central para la oposición sería sancionar definitivamente los cambios a la Ley que regula la utilización de los Decretos de Necesidad y Urgencias (DNU). Una iniciativa que ya sancionó el Senado, pero diputados modificó, ya que no pudo alcanzar la mayoría absoluta del recinto en el tratamiento de un artículo, el tercero, que se refiere al plazo de 90 días para que se expidan las cámaras legislativas, sino el DNU carecería de valor. José Mayans y UxP avalarían la votación de Diputados.
El pasado 4 de noviembre la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside la cordobesa de Provincias Unidas, Alejandra Vigo, dictaminó el proyecto que llegó en revisión. Allí se ratificó la sanción original, con el plazo de 90 días para su tratamiento en el Congreso, con un fuerte respaldo del bloque radical de Eduardo Vischi. Pero el kirchnerismo firmó en disidencia. Avala los cambios a la Ley de DNU, pero, ante un posible veto presidencial, los libertarios lo dan por descontado, sería más fácil que la Cámara baja insista con la norma.
Desde el 10 de diciembre La Libertad Avanza contará con más de un tercio de cada cámara del Congreso, lo que dejaría firme cualquier veto de Javier Milei a las iniciativas parlamentarias.
El artículo polémico
La iniciativa establece que un DNU deberá contar con ratificación parlamentaria cuando lo dispongan expresamente ambas Cámaras por mayoría absoluta de los presentes, dentro de los 90 días corridos desde su publicación en el Boletín Oficial. Si transcurrido ese plazo no se trata en el Congreso, el DNU pierde vigencia. Ese punto no logró la mayoría absoluta y será analizada nuevamente por el Senado nacional que podrá aceptar la postura de Diputados o insistir con su sanción. Todo indicaría que el miércoles próximo, Senado buscará aceptar la disidencia de Diputados.
La actual norma, sancionada en el 2006 a instancias de la exsenadora Cristina Kirchner, establece que, un DNU solo es rechazado si encuentra oposición en ambas cámaras, mientras que para su ratificación basta con la aprobación de una sola.
UxP y el rechazo a la Reforma Laboral
La bancadas de Unión por la Patria en ambas cámaras del Congreso están atentas a como se reconfigurará el Parlamento tras la renovación de diciembre. Las nuevas mayorías que intenta alcanzar La Libertad Avanza y los acuerdos entre la Casa Rosada y los gobernadores pusieron en estado de alerta a Germán Martínez, jefe del bloque en Diputados y a José Mayans en el Senado.
El diputado Hugo Yasky, de extracción sindical y líder de la CTA, presentó un proyecto que se contradice con las intenciones del oficialismo en el futuro debate de Reforma Laboral. La iniciativa del diputado de UxP modifica el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, estableciendo que la indemnización será de un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor a tres meses, calculada sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual del último año. Además, garantiza que el monto nunca sea inferior a dos meses de salario.
En los fundamentos, la iniciativa establece que el régimen actual se aparta del principio constitucional de protección contra el despido arbitrario. Los topes vigentes debilitan el carácter disuasivo de la indemnización, afectando el derecho de propiedad del trabajador y la garantía de igualdad.
El diputado Hugo Yasky, además está organizando para la semana próxima, el lunes 17 de noviembre, una jornada de debate en el anexo de la Cámara baja con abogados laboralistas, sindicalistas y legisladores nacionales. “Será un nuevo encuentro del Foro por la Defensa del Derecho del Trabajo y la Justicia Social. Coordinados por el juez Roberto Pompa, con la participación de jueces laborales, abogados laboralistas y los diputados de extracción sindical”, le dijo Hugo Yasky.
Agregando que, “como preceptos constitucionales y en el análisis del articulo 75 de la Constitución Nacional, que se refiere a la no regresividad de las leyes, las jornadas de empleo y la Reforma Laboral van a motivar un conjunto de intervenciones, con distintos enfoques, pero convergentes en la necesidad de defender la justicia laboral, de defender los derechos que forman parte de la doctrina laboral y de las conquistas del movimiento sindical”, dijo Yasky.