El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona encabezó en Corrientes la conferencia de prensa en la que presentó los lineamientos centrales del nuevo Código federal de procedimientos penales, cuya implementación marca un paso decisivo en la modernización del sistema judicial argentino. El titular de la cartera nacional detalló los criterios de aplicación del Código y destacó la coordinación federal prevista para garantizar una transición ordenada. A su vez, el juez Ramón Luis González y la jueza Rocío Alcalá, presidentes de las Cámaras Federales de Corrientes y Chaco aportaron visiones regionales sobre los desafíos operativos que enfrentarán ambas jurisdicciones en esta nueva etapa que se abre.
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El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona destacó ayer el inicio de la aplicación del nuevo Código Procesal Penal en Corrientes y Chaco, en el marco del proceso de implementación progresiva que se va dando en todo el país. Sus manifestaciones se dieron durante un acto en el que subrayó la relevancia del nuevo sistema y la coordinación entre organismos judiciales y operadores locales para garantizar una transición ordenada y eficaz.
Cúneo Libarona sostuvo que la ampliación territorial del Código representa un paso trascendente para el sistema judicial. «Estoy muy feliz por la Argentina. Somos todos parte del mismo barco y hemos logrado avanzar hacia un esquema judicial que ya alcanza a 17 provincias que ya están en el nuevo paradigma», expresó. Recordó que el proceso se desarrolla en un contexto de austeridad fiscal, conforme a la política nacional de equilibrio presupuestario, lo que -dijo- realza el esfuerzo conjunto realizado para llegar a esta instancia.
El Ministro remarcó que la implementación del nuevo sistema penal acusatorio es un trabajo colectivo que involucra a diversos organismos nacionales. Señaló al Consejo de la Magistratura, la Procuración General y la Defensa Pública como «socios estratégicos» en la planificación operativa, y destacó que las reuniones semanales entre estos actores permitió delinear las herramientas necesarias para la transición. Subrayó, además, la contribución de asociaciones, cámaras judiciales, universidades y colegios profesionales, a las que consideró fundamentales para fortalecer la legitimidad y consistencia técnica del proceso.
En una segunda parte de su intervención, Cúneo Libarona puso especial énfasis en el rol de los operadores judiciales de Corrientes y Chaco, a quienes calificó como «el núcleo operativo» del nuevo sistema. Explicó que el contacto directo con equipos locales le permitió constatar el nivel de compromiso con la puesta en marcha del modelo acusatorio, y recordó que, junto a su equipo, realizó 47 viajes por distintas jurisdicciones del país para acompañar capacitaciones y reuniones técnicas. Mencionó experiencias en Bahía Blanca, Mar del Plata, Tandil y Dolores, donde observó «un entusiasmo notable» frente a los desafíos del Código.
El Ministro agradeció el trabajo de autoridades y equipos locales, reconociendo la amplitud del proceso y la imposibilidad de mencionar a todos los participantes. Finalmente, sostuvo que la implementación constituye un paso firme hacia una Justicia más ágil y cercana a la ciudadanía. «Estamos dando un paso hacia una Justicia mejor, un cambio trascendental que quedará en el espíritu de la sociedad y para las próximas generaciones», expresó.
Reformas
Junto a Cúneo Libarona, el jurista correntino Jorge Buompadre valoró su puesta en marcha en Corrientes y remarcó que se trata de un proceso distinto al del proyecto de reforma del Código Penal, cuyo debate aún está en desarrollo y será elevado al Congreso en las sesiones extraordinarias. Consideró que ambas reformas forman parte del esfuerzo nacional por modernizar la Justicia, acelerar los tiempos procesales y dotar al sistema de mayor eficacia frente a la criminalidad. Señaló que el objetivo central es ofrecer marcos normativos que beneficien a la ciudadanía, no solo a los especialistas, y que permitan reducir la morosidad estructural que ha caracterizado históricamente al sistema judicial argentino.
Importa recordar que la reforma del Código de fondo, lejos está de ser un tema menor. Pone de manifiesto la decisión política del Gobierno nacional de abordar la compilación en un solo texto de normas dispersas que se fueron acumulando en los últimos 104 años a partir de 1921, en que se aprobó por el Congreso de la Nación el actual Código Penal.
Cuesta entender cómo ha debido pasar más de un siglo para llegar a esta reforma. En este largo tiempo transcurrieron 15 gobiernos constitucionales y seis gobiernos de facto. Se crearon 18 comisiones de reforma y se aprobaron más de mil leyes que fueron emparchando de manera desprolija un texto que recién ahora tendrá un ordenamiento sistemático que además supone incorporar delitos como la estafa piramidal y en el que crece la pena en el delito de usurpación, tan común en los últimos años, llevándose a diez años el máximo de la pena. Se reducen las penas de ejecución condicional y se elevan los mínimos a más de tres años para que en el 82 por ciento de los delitos la condena mínima sea de cumplimiento efectivo. Se reducen también los casos de liberación anticipada de los condenados y se consideran imprescriptibles los delitos graves como los homicidios agravados, los delitos sexuales, el narcotráfico, la corrupción de menores, la trata y el terrorismo.
Estas modificaciones solo cumplirán el objetivo buscado si los jueces hacen un correcto uso y una adecuada y racional interpretación que muchas veces es lo más difícil.