La familia de quien durante años fue el chofer de la embajada argentina en Venezuela, Marino Antonio Mendoza Fuentes, se sumó al desesperado reclamo al interinato de Delcy Rodríguez para que excarcele los presos políticos. Y también hizo un pedido a Clarín para que también el gobierno de Javier Milei le reclame a Caracas que hay un trabajador venezolano del Estado argentino en las cárceles del chavismo.
Mendoza Fuentes cumplió sus 40 años preso y sin que se sepa bien en qué condiciones está . Fue detenido el 12 de diciembre de 2024 en su vivienda del barrio La Pastora, en Caracas, por agentes de la Dirección de Investigaciones Penales (DIP) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Según relató Maricela Fuentes, la madre de Marino a los medios de comunicación, ese 12 de diciembre los efectivos le pidieron a su hijo que buscara sus documentos y se lo llevaron sin mayores explicaciones. Desde entonces, permanece privado de libertad y se presupone se encuentra recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en El Helicoide, donde no se le permite recibir visitas. Una ex empleada de la embajada argentina dijo que pudieron tomar contacto con él pocas veces.
Tiene tres hijos de un primer matrimonio y su novia, también empleada de la embajada argentina en Caracas está difundiendo unos información a través de carteles que se distribuirán en las afueras del Helicoide, el temible centro de detención y tortura.
Fue detenido cuatro días después de que se produjera la detención del gendarme argentino Nahuel Gallo.
Para entonces, las relaciones entre el chavismo y el gobierno de Milei estaban prácticamente cortadas porque Nicolás Maduro -capturado el 3 de enero en Caracas por un comando militar enviado por Trump- había echado al personal argentino de la embajada y la residencia y había retirado al suyo de Buenos Aires.
En la residencia argentina habían quedado cinco colaboradores de la líder opositora María Corina Machado asilados por Argentina, y otro disidente que después falleció. Todos los empleados locales de la sede argentina fueron demorados en ese diciembre de 2024, pero sólo Marino quedó preso. No lo liberaron tampoco cuando los cinco asilados fueron rescatados en un operativo llevado adelante por Estados Unidos, en mayo de 2025.
Marino trabajó con varios embajadores, todos lo quisieron y hablaban bien de él. Era quien atendía de cerca al perro pastor alemán del ex encargado de negocios de Mauricio Macri, en Caracas, Eduardo Porretti. Así se lo ve con la mascota en las fotos. Asistió al embajador de Alberto Fernández, Oscar Laborde, al jefe de la misión que asiló a los cinco colaboradores de Machado, embajador Gabriel Volpi. Y a su sucesor, Andrés Mangiarotti quien estuvo muy poco tiempo en Venezuela por la virtual ruptura de relaciones.
La mamá de Marino es de origen muy humilde. Y es, curiosamente, una histórica militante chavista.
Tras su detención, Mendoza fue trasladado por distintas dependencias: primero estuvo en una sede policial de Maripérez, luego en los calabozos de la PNB en Boleíta durante diez días, posteriormente en la cárcel de Yare III y, finalmente, desde el 30 de diciembre, en El Helicoide. Está acusado de al menos cinco delitos graves, entre ellos traición a la patria y terrorismo, imputaciones que su familia considera completamente ajenas a su verdadera actividad laboral. Son todas las mismas acusaciones casi que a Nahuel Gallo, a Roberto Baldo, a Germán Giuliani, Gustavo Gabriel Rivara, los argentinos que siguen presos. Y la misma que le suelen hacer a todos los presos políticos.
La Cancillería argentina condenó en su momento “con la máxima firmeza” la detención del chofer y la calificó como “arbitraria e injustificada”. En un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que el arresto constituye “una violación flagrante e inaceptable de las normas internacionales que garantizan la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y la protección de su personal”. Y exigió su liberación inmediata. Ahora piden los familiares que no se olviden de él porque su detención arbitraria se debió a que era empleado de la sede argentina y a nada más.
Marino Antonio Fuentes fue policía antes de entrar a trabajar para la Argentina por razones económicas y su familia aseguró a Clarín que «nunca cometió delito alguno».
Pero el reclamo más conmovedor proviene de su madre. Maricela Fuentes, de 65 años, es una reconocida dirigente comunitaria del chavismo en la parroquia La Candelaria, donde desde hace dos décadas integra consejos comunales y estructuras de base como la UBCH. En un video difundido en redes sociales, pidió directamente a Nicolás Maduro y al fiscal general Tarek William Saab la liberación de su hijo. “Se los pido como revolucionaria, como mujer que ha trabajado toda su vida por la patria”, dijo entre lágrimas.
Desde la detención, Maricela reparte su tiempo entre sus tareas como encargada de Logística del eje 3 de la comuna de La Candelaria y las gestiones diarias para exigir la libertad de Marino. Preparó una carpeta con constancias de buena conducta, firmas de vecinos, certificados y reconocimientos por los años de servicio de su hijo como funcionario policial del municipio de Chacao, además de pruebas de la militancia chavista de toda la familia.
“Mi hijo no es político, no va a marchas, no milita ni de un lado ni del otro. Es un hombre reservado que solo cumplía su horario de trabajo”, aseguró. Marino es padre de tres hijos de 18, 15 y 10 años, que dependen económicamente de él. Con su salario en la Embajada argentina —donde trabajaba desde hacía casi siete años— costeaba los estudios de los menores en colegios privados. Desde su arresto, las deudas se acumulan y la familia continúa en trámites para cobrar los salarios adeudados, dijeron su mamá y su novia.
Afirma la famila que la situación familiar se agravó por el impacto en la salud: el hijo menor de Marino padece síndrome de síncope vasovagal, condición que empeoró tras la detención, mientras que el padre del detenido —funcionario activo del Cicpc— también presenta problemas de salud derivados del estrés. Maricela denunció que, pese a haber acudido a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público, no recibió respuestas. En El Helicoide solo le aceptan a diario comida y ropa limpia, pero le informan que aún no puede verlo.