En la última sesión de Diputados se volvió a reeditar la alianza de los diputados tucumanos peronistas y liberales. Esta vez votaron juntos la reforma al Régimen Penal Juvenil, donde uno de los puntos claves y promocionados fue la baja de la edad de punibilidad de 16 a 14 años. Además, el proyecto de ley que obtuvo media sanción incluye penas de hasta 15 años para los menores.
La reforma reaccionaria fue votada por Gladys Medina, Elia Fernández de Mansilla y Javier Noguera, del Bloque Independencia que responde a Osvaldo Jaldo; Mariano Campero, Gerardo Huesen, Federico Pelli y Soledad Molinuevo, de La Libertad Avanza. Pablo Yedlin votó en contra y Carlos Cisneros (Unión por la Patria) estuvo ausente.
“Desde el autopercibido progresista Noguera hasta el bussista Huesen, peronista y libertarios unidos para criminalizar a la juventud. Legislan para quitar derechos básicos a infancias y adolescencias como educación y salud, y ahora hacen demagogia con la edad de punibilidad”, sostuvo Alejandra Arreguez, referente del PTS-Frente de Izquierda.
Frente al proyecto oficialista, pactado con otros bloques, el Frente de Izquierda presentó un dictámen propio con una posición diametralmente opuesta a la de quienes quieren criminalizar aún más a la juventud y rechaza de plano este proyecto de ley.
“Este debate se presenta como una discusión de seguridad, pero en realidad revela algo mucho más profundo: la decisión de un Estado que no puede -ni quiere- garantizar derechos básicos a la mayoría de las niñas, niños y adolescentes, y que frente a ese fracaso responde con castigo. Donde deberían existir educación, salud, alimentación, vivienda, cultura y futuro, aparece el sistema penal. Las infancias se convierten completamente en objeto de control”, señala el dictamen presentado con la firma de Myriam Bregman.
La votación de los diputados tucumanos también va a tono con la política punitiva de Jaldo, quien ha ordenado el traslado de menores al penal de máxima seguridad de adultos Benjamín Paz. Detrás del humo de la demagogia punitiva, la realidad es otra. De acuerdo con el último informe de la Corte Suprema, en Tucumán las causas penales que involucran a menores sólo representan el 0,13% de los casos (“El mapa de niños, niñas y adolescentes con intervención penal de la República Argentina”). Estas medidas sólo apunta a un mayor represión y criminalización que recae sobre la juventud pobre.