La crisis de la actividad industrial en Argentina ha ingresado en una fase crítica que amenaza con desarticular definitivamente el entramado productivo del país. Con el discurso libertario intentando instalar una realidad de recuperación económica basada en sectores extractivos y financieros, el día a día de las provincias muestra una sucesión ininterrumpida de persianas bajas y familias en la calle.
El proceso de desindustrialización que atraviesa el país son las consecuencias directas de las políticas que asfixian el mercado interno y dejan a los trabajadores a merced de la especulación empresarial. Los datos del INDEC que el gobierno festeja solo esconden una economía para pocos donde el repunte se sostiene en el agronegocio, la minería y la timba financiera, sectores que no generan empleo y que profundizan el saqueo de nuestros recursos estratégicos.
Uno de los focos más alarmantes se encuentra en Santa Fe, donde la Federación Industrial provincial[i] advirtió que entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 se perdieron 292 industrias y más de 7.700 puestos de trabajo. Este deterioro se refleja en una caída de la actividad del 9,8% interanual al cierre del último año, afectando al 68% de las ramas manufactureras de ese distrito.
La situación se repite con igual crudeza en el norte y el centro del país. En Catamarca, la fábrica de heladeras NEBA confirmó su cierre definitivo en el Parque Industrial El Pantanillo, dejando a 90 trabajadores desocupados luego de meses de incertidumbre. Por su parte, en San Luis, la firma Master Lajas del grupo inglés SSQ Group decidió cesar sus inversiones y despidió a sus 54 operarios, ofreciendo indemnizaciones de miseria del 60% en cuotas que fueron rechazadas por el gremio minero ante el atropello patronal.
En el extremo sur, la conflictividad social escaló ante el pedido de quiebra de la empresa Aires del Sur en Tierra del Fuego, lo que pone en riesgo 140 puestos de trabajo en la fabricación de aires acondicionados. Ante esta maniobra de vaciamiento, la UOMy laASIMRA definieron la toma por tiempo indeterminado, asumiendo el control de la planta con el respaldo de todo del personal. Mientras tanto, en Tucumán, la planta de calzado Topper en Aguilares debió implementar reducciones horarias y ceses de actividad quincenales para sus 906 empleados debido a una caída muy importante en la demanda que ha saturado sus depósitos de stock acumulado.
En paralelo a esto, el caso más resonante de esta política de desguace y desindustrialización es el que se produce en la planta de neumáticos de Fate. Allí, el intento de cierre definitivo de esta fábrica, que dejaría a 920 familias en la calle —entre obreros de producción, administrativos y servicios— funciona como un claro adelanto de los planes de Javier Milei para el conjunto del país.
A su vez, en este contexto de desierto productivo se inscribe el cierre de la histórica fábrica de lácteos La Suipachense, que luego de 70 años de actividad dejó a 140 trabajadores en la calle tras meses de parálisis y acampes en reclamo de salarios adeudados. El fin de esta empresa referente de la zona norte bonaerense es otra muestra del efecto multiplicador negativo que destruye el entramado productivo local bajo el peso de una recesión provocada que golpea al 68% de las ramas industriales del distrito. A este panorama se suma ahora, Quilmes, que en su planta de Zárate inició un plan de retiros voluntarios para recortar 60 puestos de trabajo. La caída vertical del consumo y la importación indiscriminada de productos terminados están arrastrando incluso a los pulpos multinacionales, reduciendo dotaciones históricas a niveles mínimos de subsistencia operativa mientras la producción se desangra frente a la competencia promovida desde la Casa Rosada. A pesar de esto, también hay que aclarar que, en muchos de estos casos, los empresarios aprovechan esta situación para hacer sus propios negocios.
La prueba del ajuste
Algunos de los ejemplos nombrados anteriormente son parte de este panorama de cierres y despidos que se inscriben en el comportamiento de los números publicados por el CEPA en su último trabajo[ii] publicado. De acuerdo al informe del Centro de Economía Política Argentina, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 se produjo una contracción de 21.938 empresas con trabajadores registrados, lo que implica que en el país cierran un promedio de 30 empresas por día. Esta tendencia negativa ha golpeado con particular saña a la industria manufacturera, que perdió 2.436 empleadores en ese período, y a la construcción, que sufrió una reducción de 1.737 empresas registradas.
La pérdida de puestos de trabajo es igualmente agobiante ya que la cantidad de trabajadores registrados en unidades productivas se redujo en 290.600 personas durante los primeros dos años de gestión de Javier Milei. Esto significa que cada día cerca de 400 trabajadores pierden su empleo formal mientras el gobierno profundiza el ajuste sobre el consumo popular y la producción nacional. El informe del CEPA destaca que las empresas de mayor porte, aquellas con más de 500 trabajadores, concentraron el 67,6% de la expulsión laboral, demostrando que incluso las grandes estructuras industriales están desmoronándose ante la falta de una política productiva soberana.
Fábricas cerradas, burócratas en tregua
Esta realidad de fábricas vaciadas es el terreno sobre el cual el oficialismo intenta avanzar con la reforma laboral esclavista en el Senado. El gobierno necesita de esta reforma como una pieza clave para legalizar la precariedad y abaratar aún más los despidos en un contexto donde la industria manufacturera retrocedió un 3,9%. Al quitar derechos fundamentales como el de huelga y el de organización, buscan consolidar un esquema que garantice únicamente la ganancia empresaria, la misma que se beneficia con el crecimiento del 14,1% de la intermediación financiera. Es un plan de transferencia violenta de recursos donde el sector financiero y el extractivismo minero festejan mientras el mercado interno se desploma y los salarios permanecen congelados.
Frente a esta entrega histórica la respuesta de la conducción de la CGT ha sido una nueva traición escandalosa. A menos de un día de que el Senado trate la reforma esclavista, la mesa chica de la central obrera decidió, en la sede de UPCN, dar por perdida la batalla en las calles para entregar el futuro de los trabajadores a la suerte de una justicia viciada. La táctica de judicializar la ley una vez sancionada es apenas un gesto para evitar la confrontación directa, otorgándole vía libre a Milei para que avance con su ofensiva. Es la misma burocracia que se sienta a negociar privilegios mientras desarticula cualquier plan de lucha con continuidad para defender las fuentes de trabajo que se pierden por cientos cada día.
A diferencia de la tregua de los traidores, el próximo viernes 27, desde el MST en el FIT Unidad, mantendremos la presencia firme en las calles para expresar nuestro rechazo y dejar planteada una alternativa para enfrentar a este gobierno. Junto a los trabajadores del Hospital Garrahan, los compañeros de Fate y diversos sectores en lucha, daremos una respuesta contra el ataque que votarán en el Senado.
[i] https://fisfe.org.ar/library/130/9b6add42-bd98-470a-8921-d05d418d4af9.pdf
[ii] https://mcusercontent.com/e9c6f62a4dc825f6a9dab4e88/files/a6b94f64-60c0-0167-5218-ff6874d0ef6f/2026.02.20_An_aacute_lisis_de_la_din_aacute_mica_laboral_y_empresarial_CEPA_Febrero_2026.pdf