Mediante el proyecto de ley se pretende establecer restricciones en trámites públicos, bancarios y hasta en el ingreso a eventos masivos, como deportivos, culturales, teatros y ferias. La autora de la iniciativa, la diputada Marlén Gauna (PJ), apunta a combatir «la violencia económica derivada del incumplimiento» y garantizar el interés superior del niño en toda la provincia.
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Se presentó en la Cámara de Diputados provincial un proyecto de ley que propone un cambio de paradigma en la lucha contra el incumplimiento de las obligaciones parentales. La iniciativa, autoría de la diputada Ana María Marlene Marlén Gauna del Partido Justicialista (PJ), busca ampliar significativamente el alcance de la Ley Provincial Nº 5.448, del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, y generar una especie de cerco administrativo para los deudores, acotando su margen de movilidad y su capacidad de realizar gestiones particulares aplicables en la vida cotidiana.
La propuesta surge ante la necesidad de dotar al Estado de herramientas más punzantes para enfrentar una problemática que afecta la subsistencia de miles de niños en la provincia que tienen a sus padres separados: la falta de cumplimiento de la cuota alimentaria.
En los fundamentos de la norma, la legisladora peronista señaló que el cumplimiento de las obligaciones alimentarias constituye un deber jurídico esencial y un mandato ético irrenunciable del Estado. Respecto de la insuficiencia de los mecanismos vigentes, Gauna manifestó que «si bien el registro actual fue pionero en su creación, hoy resulta insuficiente para enfrentar los índices de incumplimiento y las dificultades prácticas que atraviesan diariamente las madres, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad económica».
En el proyecto se plantea que el incumplimiento sistemático no es solo una falta civil, sino que configura una forma de violencia económica que recae «mayoritariamente sobre las mujeres que asumen solas el cuidado cotidiano» de los menores.
RESTRICCIONES EN DIVERSOS ÁMBITOS
La reforma del artículo 4º de la ley vigente establece una síntesis de exigencias que actúan como un «corsé legal» para quienes se encuentren en la nómina. De aprobarse la norma, el certificado de libre deuda alimentaria será un requisito indispensable para una multiplicidad de trámites.
En el ámbito financiero, las entidades deberán exigirlo para la apertura de cuentas, el otorgamiento de tarjetas de crédito y cualquier tipo de préstamo. En tales casos, si se detectase la morosidad, las instituciones bancarias tendrán la facultad de retener el monto adeudado para depositarlo en la cuenta judicial correspondiente.
La exigencia se extiende con rigor al sector público provincial y municipal. La norma establece que el documento sea obligatorio para obtener licencias, concesiones o habilitaciones comerciales, así como para la inscripción en el padrón de proveedores del Estado. Respecto de la función pública, el proyecto prohíbe la designación en cargos jerárquicos en los tres poderes del Estado, organismos autárquicos y entes descentralizados a quienes figuren en el Registro. Esta restricción alcanza incluso al Consejo de la Magistratura, para los postulantes a magistrados, y a la Justicia Electoral, que no podrá oficializar candidaturas a cargos electivos provinciales o municipales de ciudadanos con deudas alimentarias incumplidas.
CONTROL SOBRE EL
OCIO Y LA VIDA SOCIAL
Otra de las innovaciones del proyecto es la regulación de la participación en eventos de concurrencia masiva. La norma prohíbe el ingreso y la permanencia en casinos, salas de juegos de azar y bingos a los deudores morosos. Asimismo, el certificado de libre deuda será requerido para participar en espectáculos deportivos y festivales culturales que tengan auspicio o autorización del Estado o los municipios. Esta medida involucra tanto a los protagonistas -jugadores, entrenadores o artistas- como al público en general, ya que obligaría a los organizadores a verificar el estatus del solicitante previo a la venta de entradas o acreditaciones.
«Es un flagelo para las mujeres que criamos solas»
El sustento técnico del proyecto se apoya en cifras que reflejan la profundidad de la crisis de cuidados. Según datos de Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) mencionados en el expediente, más de la mitad de las madres en Argentina (56 por ciento) no reciben la cuota alimentaria cuando el padre no habita en la vivienda, cifra que se eleva al 68 por ciento si se considera a quienes no la perciben regularmente.
En Corrientes, esta realidad se replica en los juzgados de Familia, donde las causas de ejecución se multiplican mientras las medidas coercitivas tradicionales se muestran insuficientes para garantizar una respuesta oportuna.
La iniciativa incorpora además la creación de un sistema digital móvil y la modernización del registro para permitir consultas en tiempo real por parte de los organismos responsables. Se prevé también la puesta en funcionamiento de un Observatorio Provincial de Cumplimiento Alimentario, destinado a transparentar el sistema y mejorar la calidad de la información pública.
Para Gauna, el tema representa «un flagelo para las mujeres que criamos solas en los hogares monomarentales». A su vez, afirmó que garantizar los alimentos «es garantizar derechos humanos fundamentales, y fortalecer el Registro de Deudores Alimentarios es fortalecer el futuro de niñas, niños y adolescentes de la provincia de Corrientes».
Puesta en práctica
A fin de optimizar el funcionamiento de la nueva legislación, el artículo 2º reformularía el artículo 6º de la Ley Nº 5.448, en el que se establece que «el Registro de Deudores Alimentarios deberá implementar un sistema de consulta digital y móvil». Esto se produce con el propósito de garantizar «el control efectivo y en tiempo real por parte de los organismos responsables de la aplicación de la presente normativa», se explicitó en el texto.
Sistemas integrados
Al subrayar que el objetivo no es meramente punitivo, la diputada Gauna resaltó que se pretende instaurar «sistemas integrados que incentiven la regularización de la situación».
Al referirse a la eficacia de estas medidas indirectas, la legisladora argumentó que este tipo de normativas ya cosechó buenos resultados en provincias como Misiones, Buenos Aires y Mendoza.
Según indicó en los fundamentos de la propuesta parlamentaria, la intención consiste en que quienes aspiran a ejercer funciones de representación o acceder a beneficios estatales lo hagan cumpliendo sus deberes básicos, sin trasladar el costo de la irresponsabilidad a los sectores más vulnerables de la sociedad.