El robo de ganado en Corrientes evolucionó hacia una estructura de crimen organizado con logística especializada, violencia armada y conexiones internacionales, según autoridades judiciales y policiales.
En la provincia de Corrientes, el robo de ganado se transformó de un delito de subsistencia en una estructura de crimen organizado. El senador provincial Noel Breard definió esta evolución como «abigeato industrializado», con una logística que supera el hurto tradicional. Para los magistrados, el delito opera como una gran organización criminal con impunidad en diversos puntos de la provincia.
El fiscal José Casaré calificó el problema como un «flagelo» que requiere combatir con todos los recursos disponibles. La violencia en el campo incluye episodios como enfrentamientos entre la policía y cuatreros a caballo, y ataques a tiros contra efectivos del Priar en la zona fronteriza.
En La Cruz se desmanteló una banda con la recuperación de más de 80 vacunos. En Virasoro cayó una organización dedicada al robo sistemático en campos, y en Curuzú Cuatiá se desarticuló una banda liderada por mujeres. En San Roque se detuvo al «remisero de la banda». También se procesó a un policía por abigeato agravado en Paraje Los Vences.
En la frontera con Brasil, productores reportan bandas brasileñas que incursionan en suelo argentino. Cuatreros extranjeros faenaron dos búfalos en la costa, dejando cueros y cabezas. La Prefectura mantuvo tiroteos con delincuentes brasileños y reforzó la vigilancia en el río Uruguay.
El Poder Judicial dictó condenas como cuatro años de prisión para un padre y hijo, y sentencias para quienes fueron sorprendidos en el acto, aunque también hubo condenas sin prisión efectiva. Persisten críticas por inacción fiscal en La Cruz y pedidos de traslado del fiscal de Paso de los Libres.
La Sociedad Rural exige fiscalías especializadas y el remate urgente de hacienda secuestrada. Los productores reclaman mayor prevención y mejores caminos. Tras una cumbre en La Cruz liderada por el comisario Lorenzo Baroni, se articuló una ofensiva oficial con allanamientos y convocatoria a ganaderos para reconocer marcas de animales recuperados.
A nivel internacional, se implementó un plan conjunto entre Argentina, Brasil y Uruguay con despliegue de fuerzas federales como la Prefectura Naval contra el delito complejo.