El abogado Juan Saucedo, representante legal de la familia de la adolescente asesinada en Alvear, cuestionó la prisión domiciliaria otorgada a la joven imputada y advirtió que la Fiscalía busca cerrar apresuradamente la investigación. Las pericias confirmaron que los acusados son plenamente imputables y que el ataque fue fríamente planificado.
El caso que estremece a Alvear
El atroz crimen de Cecilia Emilce Lazcano (16), ocurrido durante la madrugada del pasado 16 de julio en la vieja estación de trenes de la localidad correntina de Alvear, continúa sumando capítulos de extrema gravedad institucional y judicial.
Mientras la causa avanza con dos adolescentes de 16 y 17 años imputados por homicidio agravado por alevosía, ensañamiento y el concurso premeditado de dos o más personas, la querella que representa a la familia de la víctima encendió las alarmas sobre el rumbo del proceso conducido por la Fiscalía de Santo Tomé, a cargo del fiscal Facundo Cabral.
Polémica por la prisión domiciliaria y presuntas influencias
Uno de los puntos más críticos expuestos por el abogado querellante, el Dr. Juan Saucedo, se centra en la situación procesal de N L (17), la joven imputada como coautora del hecho. A pesar de pesar sobre ella exactamente la misma calificación penal que sobre el autor material del ataque, la Justicia le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria bajo responsabilidad parental.
«Esta chica es hija de un sargento de la Policía de la Provincia y la madre es funcionaria municipal de la localidad de Alvear», reveló el letrado. Para la querella, esta condición resultó determinante en las decisiones judiciales: «Esto ha implicado que, entre otras cosas, obtuviera el beneficio de la prisión domiciliaria.
Según el fiscal, es porque no habría lugar de alojamiento para menores del sexo femenino, pero la verdad es que sigue haciendo su vida normal dentro de una casa, recibiendo visitas y sin un control estricto de las autoridades».
La sombra de «Max» y la negativa fiscal a profundizar la investigación
Otro pilar fundamental del reclamo radica en la posible intervención de un tercer participante en la escena del crimen. De los peritajes a las comunicaciones telefónicas entre los dos menores imputados, surgen chats iniciados en noviembre de 2025 que hacen referencia sistemática a un individuo apodado «Max». Incluso, tras el ataque, el autor material le escribió a su novia manifestando que «M me va a querer ahorcar» y afirmando que dicho sujeto «mueve un dedo y arregla todo».
Pese a estos elementos, la Fiscalía sostiene que «Max» sería una mera creación imaginaria de los menores. Frente a esto, Saucedo fue tajante: «Creemos por la mecánica de la agresión que había una persona esperándolos en la estación; el menor no actuó solo por más que en los mensajes saliera otra cosa».
En ese marco, el abogado denunció que el Ministerio Público rechazó reiteradamente los pedidos de prueba presentados por la familia: «Pedimos los movimientos telefónicos para verificar dónde estaba la menor y su madre esa noche, pero no nos hacen lugar.
Hay una voluntad de la Fiscalía de acelerar esto, cerrar y cuanto antes elevar la causa a juicio, sin agotar las investigaciones para determinar si hubo terceras personas involucradas».
Pericias psiquiátricas, saña y una trampa premeditada
Respecto al perfil de los adolescentes acusados, Saucedo descartó cualquier argumento de inimputabilidad: «Las pericias psiquiátricas de ambos arrojaron que tienen plena conciencia de la criminalidad de sus actos, son absolutamente imputables».
Asimismo, remarcó la frialdad con la que se organizó el crimen: «Desde mayo de 2026 empezaron a preparar la forma de matarla; la eligieron a Cecilia porque era una chica buena, inocente y la marcaban como débil».
La querella detalló que los acusados crearon un grupo de contención aprovechando falsos rumores sobre la víctima para intentar plantar la escena de un suicidio tras la agresión.
Al respecto, el letrado dejó en evidencia la extrema crueldad plasmada en los mensajes: «Cuando se enteraron de que Cecilia había sobrevivido al ataque y agonizó durante seis horas intentando salvar su vida, la joven imputada se enojó y le recriminó a su novio: ‘¿Por qué no la cortaste en pedazos?’».
Encuadre en el nuevo Régimen Penal Juvenil
Finalmente, Saucedo analizó el marco legal bajo el cual serán juzgados los imputados, señalando que se aplicará el nuevo Régimen Penal Juvenil por tratarse de la ley penal más benigna.
«Si esto fuera para el caso de adultos, la condena en expectativa sería de prisión perpetua. En este caso, por la nueva ley, el tope de la pena es de 15 años», explicó. Y concluyó: «La baja de la edad de imputabilidad no vino a solucionar el problema de la impunidad de los menores que conocen perfectamente lo que hacen, sino que vino a complicar más el panorama porque otorga más alternativas a la defensa».
La familia Lazcano y la comunidad de Alvear continúan exigiendo la apertura de todas las líneas de investigación para garantizar que no quede impune ningún responsable intelectual o material de la tragedia.