Una coalición bipartidista de ocho estados presentó demandas independientes contra OpenAI en tribunales estatales, alegando que ChatGPT refuerza delirios, alienta conductas peligrosas y asiste a usuarios, incluidos adolescentes, en planes para dañarse a sí mismos o a terceros.
Una coalición bipartidista de ocho estados de Estados Unidos presentó el miércoles 14 de octubre demandas independientes contra OpenAI en tribunales estatales. Los fiscales generales de Iowa, Kansas, Arizona, Arkansas, Idaho, Montana, Nebraska y Virginia Occidental acusan a ChatGPT de reforzar delirios, alentar conductas peligrosas y asistir a usuarios —incluidos adolescentes— en planes para dañarse a sí mismos o a terceros, según informó Reuters.
Las acciones legales constituyen la primera demanda coordinada de varios estados estadounidenses contra una empresa de inteligencia artificial, de acuerdo con The Guardian.
Los estados alegan infracciones a las leyes de protección al consumidor, reclaman sanciones económicas y exigen que los tribunales ordenen cambios en el funcionamiento del chatbot, además de prohibir el desarrollo de modelos capaces de mejorarse por sí mismos hasta que OpenAI demuestre que están alineados con valores humanos.
Qué acusan los estados en la demanda contra OpenAI
Los fiscales generales sostienen que OpenAI engañó al público al presentar a ChatGPT como una herramienta segura mientras, según las demandas, el chatbot fue diseñado para mostrarse “excesivamente complaciente y simular compasión humana”. De acuerdo con los estados, esa estrategia busca ganar la confianza de los usuarios para fidelizarlos, sin importar los riesgos que ello implique.
Las acusaciones describen una conducta que los fiscales califican de “intencional, peligrosa, imprudente e ilegal”. Entre los ejemplos citados en los expedientes figuran casos en los que el chatbot habría ofrecido consejos médicos peligrosos, alentado la paranoia, debilitado el pensamiento crítico y promovido comportamientos nocivos para la salud, según consignó The Guardian.
Brenna Bird, fiscal general de Iowa, resumió la postura de los demandantes en un comunicado: “OpenAI está lastimando a los niños y les miente a los habitantes de Iowa”. Bird añadió que la empresa “asegura que ChatGPT es seguro mientras ofrece consejos médicos peligrosos, alienta a las personas a hacer daño a otros y las instruye para que se suiciden, todo mientras finge ser su amigo”.
Qué piden los estados a los tribunales sobre ChatGPT y los menores
Los reclamos presentados ante los tribunales estatales apuntan en tres direcciones. En primer lugar, los fiscales exigen órdenes judiciales que obliguen a OpenAI a modificar el funcionamiento de ChatGPT para los usuarios jóvenes.
En segundo término, solicitan sanciones monetarias civiles por las presuntas violaciones a las leyes de protección al consumidor de cada estado. Por último, los demandantes piden que se prohíba a la compañía desarrollar modelos de inteligencia artificial con capacidad de autoperfeccionarse, a menos que demuestre que esos sistemas respetan valores humanos.
Las demandas también invocan la figura de molestia pública: los estados argumentan que el chatbot puso en peligro la salud de sus residentes, lo que configura un daño colectivo que justifica la intervención judicial.
La respuesta de OpenAI ante las acusaciones por seguridad infantil
Drew Pusateri, vocero de OpenAI, afirmó en declaraciones recogidas por The Guardian que la compañía incorporó “protecciones específicas por edad, líderes en la industria, que muchos otros productos de inteligencia artificial no tienen”. Pusateri agregó que la empresa continuará su trabajo con expertos para sumar salvaguardas adicionales, como controles parentales, recordatorios de descanso y protecciones de modelo adecuadas a cada franja etaria.
El vocero también expresó el compromiso de OpenAI de colaborar con los estados en el diseño de políticas de inteligencia artificial “pragmáticas y aplicables a toda la industria, no solo a una empresa”.
Antecedentes judiciales contra OpenAI en Estados Unidos
Las demandas del miércoles se suman a una oleada de acciones legales que enfrenta la compañía. OpenAI ya afronta al menos siete demandas individuales que responsabilizan a ChatGPT de haber actuado como “instructor de suicidio”, según el registro judicial citado por The Guardian. Además, decenas de casos presentados por particulares vinculan al chatbot con la planificación de tiroteos masivos u otros actos de violencia.
En junio de 2026, la fiscal general de Florida interpuso la primera demanda estatal contra la compañía, que incluye una investigación penal y una acción civil. Esa causa acusa a OpenAI de haber ocultado riesgos de seguridad tras un tiroteo masivo en la Universidad Estatal de Florida.
De forma paralela, las familias de 37 víctimas del tiroteo masivo de Tumbler Ridge, en Canadá, demandaron a la empresa por considerar que el chatbot indujo al atacante a perpetrar la agresión.
Qué puede ocurrir en los tribunales estatales tras la demanda a OpenAI
Las ocho demandas tramitarán de forma independiente en los tribunales estatales de cada jurisdicción, lo que implica que los plazos, las pruebas admitidas y las resoluciones podrán diferir según la legislación local.
La magnitud de la acción coordinada y el volumen de casos previos contra la compañía configuran un escenario judicial sin precedentes para la industria de la inteligencia artificial, cuyo desenlace dependerá de la capacidad de cada estado para acreditar los daños atribuidos al chatbot y de la solidez de las defensas que presente OpenAI en cada foro.