El organismo analizará este viernes si permite que alumnos sin autorización migratoria que ya estaban inscriptos en colegios públicos antes de la primavera de 2027 puedan transferirse a una universidad estatal. La restricción original fue aprobada en septiembre y comenzará a regir en el ciclo 2027-2028.
La Junta de Gobernadores del Sistema Universitario Estatal de Florida analizará este viernes una excepción a la medida que impide que los estudiantes indocumentados se inscriban en las universidades públicas del estado. La reunión está prevista en la Universidad Internacional de Florida, en Miami.
La propuesta busca permitir que los estudiantes indocumentados que se hayan inscripto en un colegio público antes de la primavera de 2027 puedan continuar su formación en una universidad estatal. La iniciativa se evalúa dos meses después de que la Junta aprobara por unanimidad la prohibición, que comenzará a aplicarse a partir del ciclo académico 2027-2028.
La posible modificación no supone una eliminación general de la restricción, sino una excepción para determinados alumnos que ya comenzaron su formación en el sistema educativo estatal. El planteo está relacionado con el programa conocido como 2+2, un mecanismo que garantiza la transferencia de créditos entre los colegios públicos y las universidades de Florida. La legislación estatal establece que quienes se gradúan en alguno de los 28 colegios públicos pueden acceder a una de las 12 universidades estatales, con la transferencia de 60 créditos académicos para continuar una licenciatura.
La prohibición aprobada en septiembre no contemplaba inicialmente una excepción para los estudiantes indocumentados que ya estaban cursando sus estudios en esos establecimientos. La nueva propuesta busca contemplar esa situación y evitar que quienes comenzaron su trayectoria académica bajo las condiciones del programa queden excluidos al momento de continuar una carrera universitaria.
El gobernador Ron DeSantis ya había manifestado su apoyo a la restricción original. «Creo que lo que están haciendo es lo correcto y creo que están dando prioridad a los estudiantes que crecen aquí, que asisten a nuestras escuelas, a los residentes de Florida», expresó.
La decisión recibió el respaldo de dirigentes republicanos. Según informó CBS News Miami, el vicegobernador Jay Collins calificó la medida como una decisión de «sentido común» y sostuvo que las universidades públicas deben estar reservadas para quienes se encuentran legalmente en el país. «No se puede esperar que los contribuyentes de Florida subsidien oportunidades para personas que infringieron nuestras leyes para venir aquí», argumentó.
Por su parte, el comisionado de Educación estatal, Henry Mack, también respaldó el proyecto. A través de una publicación en la red social X, afirmó que fueron los contribuyentes quienes construyeron esos campus y que no deberían convertirse en un beneficio para quienes permanecen en el país sin autorización.
La decisión que tome la Junta de Gobernadores será determinante para los alumnos que ya comenzaron sus estudios en los colegios estatales y esperan continuar una carrera universitaria mediante el sistema de transferencia.
