Jonathan Kovalivker, el socio mayoritario de la droguería Suizo Argentina, se presentó este lunes en los tribunales federales de Comodoro Py y entregó su celular, que venía siendo requerido desde el viernes en el marco de la investigación de la denuncia por supuesta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Mientras eso ocurría, un piso más abajo declaraba el jefe de seguridad del country acusado de ayudarlo a escapar.
Los hermanos Kovalivker están bajo investigación. Así lo determinó el fiscal federal Franco Picardi cuando abrió la causa penal por presuntos hechos de corrupción. Más específicamente: un posible entramado de coimas del que habrían participado funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad y la droguería Suizo Argentina.
Cuando el juez Sebastián Casanello libró las órdenes de allanamiento el viernes, había dos objetivos: hacerse de las pruebas de forma inmediata y requisar a los sospechosos.
Todo demoró más de lo esperado. Los hermanos Kovalivker eludieron las órdenes judiciales durante varias horas. La fiscalía requería específicamente que entregaran sus teléfonos celulares.
El hermano de Jonathan, Emmanuel, fue el primero en ser encontrado por los agentes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que acudieron al barrio La Isla de Nordelta.
Luego de una demora en la puerta del country -que causó la primera indagatoria de este caso, al jefe de Seguridad del barrio privado- los policías dieron con Emmanuel Kovalivker cuando intentaba irse de su casa en un auto. En su poder tenía siete sobres -como dio a conocer Clarín-, con 266.000 dólares y siete millones de pesos- Todo está bajo custodia judicial.
Los policías no llegaron a tiempo a la casa de su hermano Jonathan, que desde entonces permanecía requerido -no con pedido de captura- para que entregue su teléfono. En el interior de su vivienda, hallaron una caja de seguridad abierta, sin dinero y sólo con bandas elásticas en su interior.
Mientras en el cuarto piso de Comodoro Py declaraba el jefe de Seguridad del country, Ariel De Vincentis -acusado por el magistrado por obstrucción a la justicia, por su supuesta ayuda a los empresarios a evadir los allanamientos- ante la fiscalía se presentó Jonathan Kovalivker.
Sabía que desde el viernes la policía quería dar con él y requerirle la entrega de su celular. De fuentes judiciales, Clarín pudo reconstruir que sin mayores explicaciones entregó el dispositivo apagado y sin la clave de desbloqueo. Algo similar había hecho su hermano.
Ahora, la fiscalía tiene cinco teléfonos celulares cuya pericia tecnológica está a cargo de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal.
Hay que recordar que lo que más se buscaba durante los operativos eran los celulares y sobre todo el de Diego Spagnuolo, responsable de las conversaciones que tomaron estado público y dieron inicio a la causa. Ese teléfono fue secuestrado después del mediodía del viernes. Si bien no quiso otorgar la clave del dispositivo, la Fiscalía se anticipó y ordenó una inmediata extracción de su contenido.
Si los teléfonos estaban bloqueados, el fiscal indicó que se secuestren inmediatamente durante los allanamientos. Para eso se pidió la intervención al Departamento Investigación de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
Todas las medidas requeridas y avaladas por el juez Casanello son relevantes para desentrañar un entramado hoy bajo sospecha. No sólo como objeto de la investigación sino también para a futuro poder determinar si hay responsabilidad penal de los denunciados.
Según indicaron fuentes judiciales a Clarín, la extracción forense de los teléfonos comenzó inmediatamente después de concluidos los operativos. Es una prueba que el fiscal Picardi espera para los próximos días.
Todas las medidas buscan conocer si reviste veracidad lo planteado por Spagnuolo en los audios difundidos mediáticamente. En aquella grabación, habla del presunto pago de coimas efectuado por diversos laboratorios y droguerías a la firma Suizo Argentina, de cuyo producido un porcentaje sería entregado a funcionarios públicos de la Administración Pública Nacional.
Los celulares constituyen, en consecuencia, una prueba determinante: ¿Puede haber en su interior información que corrobore los dichos de Spagnuolo? ¿Puede haber mensajes con Karina Milei que afirmen algún posible circuito de sobornos? Todo continúa entre signos de interrogación y el mayor temor en el Gobierno es aquello que puedan “decir” los dispositivos secuestrados.