Con el foco puesto en la situación crítica que atraviesan hospitales y centros de salud municipales, el bloque de legisladores de la UCR, a instancia de José Bria, impulsa la sanción de dos leyes clave que buscan abordar la crisis sanitaria del interior desde un doble frente: financiamiento urgente para evitar el colapso y un régimen estructural que garantice médicos estables en las zonas más afectadas.
La estrategia radical combina una respuesta inmediata —la declaración de emergencia sanitaria por 12 meses— que combina la readecuación de partidas presupuestarias para la creación de una asistencia financiera extraordinaria sumado a una reforma de fondo orientada al arraigo profesional.
En términos políticos, la iniciativa de la oposición radical interpela al gobierno de Martín Llaryora y busca exponer “la crisis sanitaria sin precedentes que afecta a los municipios y comunas”, advirtió Bria al tiempo que afirmó que “han dejado de ser meros administradores de atención primaria para convertirse en el único sostén sanitario de vastas regiones”, absorbiendo una demanda que supera largamente sus capacidades presupuestarias.
El primero de los proyectos declara la emergencia sanitaria en municipios y comunas por el plazo de un año, con el objetivo de asegurar la continuidad de las prestaciones básicas, la operatividad de las guardias médicas y el sistema de traslados.
Si bien existen herramientas de financiamiento como el Fondo de Financiamiento de Descentralización Provincial (FOFINDES), Bria y sus pares de bloque consideran que esos recursos quedaron desactualizados frente a la inflación y la creciente complejidad de las prestaciones.
La declaración de emergencia habilita al Ejecutivo a readecuar partidas presupuestarias con mayor agilidad, otorgar asistencia financiera extraordinaria y no reintegrable, reforzar las remesas del FOFINDES según la criticidad de cada localidad y garantizar recursos para cubrir haberes del personal de guardia e insumos médicos críticos.También prevé soporte logístico provincial para el mantenimiento de ambulancias y la posibilidad de disponer especialistas en comisión de servicio cuando la demanda supere la capacidad local.
El texto incorpora mecanismos de control y rendición de cuentas: los municipios que reciban asistencia deberán informar mensualmente el destino de los fondos y la evolución de sus indicadores sanitarios, mientras que el Ejecutivo tendrá que remitir informes bimestrales a la Legislatura sobre la evolución de la emergencia.
El mensaje político de la bancada UCR, que reporta a Rodrigo de Loredo, es directo: existe riesgo de colapso sanitario en el interior, los intendentes están financieramente asfixiados y la Provincia debe asumir un rol solidario y subsidiario frente a un sistema que está sosteniendo prestaciones que, en muchos casos, corresponden a la red sanitaria provincial.
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Régimen de arraigo
En paralelo, la segunda iniciativa de Bria aborda un problema estructural: la falta de profesionales, especialmente especialistas, en localidades alejadas de los grandes centros urbanos. El proyecto crea el Régimen de Arraigo Médico Sanitario con la intención de transformar el actual esquema de radicación —basado en resoluciones administrativas y vínculos transitorios— en una política de Estado con estabilidad laboral y financiamiento garantizado.
La propuesta contempla la creación de un adicional remunerativo por arraigo que puede representar entre el 50% y el 100% del sueldo básico, según el nivel de criticidad y distancia de la zona. A diferencia de criterios estrictamente demográficos, el proyecto introduce indicadores dinámicos que consideran la lejanía de centros de alta complejidad, la densidad poblacional, el perfil epidemiológico y el déficit de especialidades clave como pediatría, neonatología, ginecología o medicina familiar.
Además, establece que los profesionales que completen el programa de radicación accederán a la planta permanente mediante un concurso cerrado por antecedentes, considerándose el desempeño en el programa como prueba suficiente de idoneidad. El Ejecutivo deberá garantizar la vacante y la previsión presupuestaria correspondiente.
Una de las figuras centrales es la adscripción provincial: el médico dependerá orgánicamente de la Provincia, bajo la Ley 7625, pero podrá prestar servicios en establecimientos municipales. De ese modo se garantiza estabilidad laboral, derechos previsionales y cobertura gremial, mientras el municipio mantiene la dirección funcional técnica de la prestación diaria.
El proyecto también contempla que el Poder Ejecutivo gestione ante el Bancor líneas de crédito hipotecario con tasas subsidiadas para la adquisición de vivienda única en la localidad de destino, condicionado al mantenimiento de la residencia efectiva.
Desde la UCR sostienen que el esquema actual, basado en becas renovables y contratos transitorios, genera fragilidad estructural y desalienta la permanencia en el interior. La premisa que atraviesa la iniciativa es que no puede exigirse compromiso territorial si el Estado ofrece precariedad laboral.
Más allá del impacto salarial, el radicalismo plantea la medida como una inversión en eficiencia sanitaria: radicar especialistas en origen reduciría derivaciones a la Capital, costos de traslado y la saturación de hospitales de alta complejidad.
Con esta doble ofensiva legislativa, el bloque opositor busca instalar que la crisis sanitaria del interior es estructural, y que sin financiamiento extraordinario y sin médicos estables no habrá sistema que resista.
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Más sobre la emergencia
El lgislador Sebastián Peralta (Construyendo Córdoba) también pidió la declaración de la emergencia sanitaria al advertir que los municipios atraviesan una situación límite que pone en riesgo la continuidad del sistema en el interior provincial.
El parlamentario pidió «la cooperación entre todos los bloques legislativos para poder declarar la emergencia sanitaria y empezar a tomar acciones inmediatas”, sostuvo, y alertó que “muy pronto el sistema de salud puede llegar a quedar desfinanciado”. En ese sentido, describió el escenario como crítico: “Son alarmantes los datos que manejamos y vemos cómo el sistema de atención primario en el norte —y también en el sur profundo de la provincia— está atravesando la misma situación”.
En declaraciones al programa «6 en punto» por Radio Punto a Punto, Peralta sumó el ajuste impulsado por el presidente Javier Milei y la caída de recursos nacionales que impactan de lleno en provincias y municipios con la crisis sanitaria en el interior. En ese plano, advirtió que la baja de programas como Remediar, SUMAR o convenios con PAMI y Apross profundizó el ahogo financiero de los centros sanitarios del interior.