Tras la decisión de la Cámara de Apelaciones que revirtió una condena multimillonaria, las autoridades argentinas analizan los próximos pasos legales y consideran poco probable una apelación directa a la Corte Suprema de Estados Unidos.
El Gobierno nacional comenzó a delinear la estrategia judicial para la nueva etapa del caso YPF, luego del fallo favorable de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. Desde el Ejecutivo se estima que el escenario más probable no es una apelación directa ante la Corte Suprema de Estados Unidos, sino un pedido de revisión del fallo por parte de todos los jueces de la Cámara. En ese marco, las fuentes oficiales aseguran que sostendrán la misma defensa jurídica con la que lograron revertir la condena de primera instancia.
La lectura oficial se apoya también en el comunicado de la firma Burford Capital, la principal demandante, que dejó abierta la posibilidad de acudir más adelante a la Corte Suprema, pero puso primero el foco en una revisión por el pleno del Segundo Circuito, reconociendo que ese tipo de pedidos rara vez prospera. El mismo texto agregó que una decisión final sobre el próximo paso se tomará en los próximos días.
En los equipos jurídicos de la Casa Rosada no descartan que una eventual nueva instancia implique nuevamente presentaciones de escritos, aunque remarcan que no cambiarán el eje de la defensa. «No está todo cerrado, pero está ganado en un 90%. Ahora se invirtió el marco de posibilidades y hay muy pocas chances de que les tomen una apelación. Nos estamos preparando igualmente para todos los escenarios», resumieron en despachos oficiales.
Los argumentos que el oficialismo promete sostener son los mismos que recogió la mayoría de la Cámara de Apelaciones: primero, que los reclamos de daños por incumplimiento contractual de los accionistas contra la Argentina no son admisibles bajo el derecho argentino; y segundo, que, aun asumiendo la existencia de una obligación derivada del estatuto de YPF, esos reclamos quedan desplazados por el derecho público argentino que regula la expropiación.
En el Gobierno no planean presentar ahora un escrito específico para que la jueza Loretta Preska aplique rápidamente lo resuelto por la Cámara. La explicación que dan es que, después del fallo de apelación, el expediente sigue su curso procesal y vuelve al juzgado de primera instancia para actuaciones compatibles con esa decisión. Por ello, la defensa oficial no prevé por ahora una maniobra especial para «apurar» esa implementación.
La principal apuesta del Ejecutivo es que Burford tenga dificultades para escalar el caso hasta la Corte Suprema. La razón, según explican, es que la Corte no revisa automáticamente estas decisiones: el pedido de revisión es discrecional y la propia Regla 10 de la Corte establece que solo se concede por razones imperiosas, como conflictos entre tribunales o una cuestión federal relevante. Esa misma regla aclara que rara vez se acepta un caso cuando se discute una supuesta mala aplicación del derecho o de los hechos.
Es por eso que en el entorno jurídico de la Casa Rosada consideran que Burford tiene un problema adicional para intentar llegar a la Corte: la mayoría del Segundo Circuito resolvió el caso principalmente a partir de la interpretación del derecho argentino. En el Gobierno entienden que ahí no aparece con claridad una cuestión federal fuerte que vuelva probable la intervención del máximo tribunal estadounidense. Esa es una de las razones por las que ven más verosímil una revisión interna dentro de la propia Cámara que un salto exitoso a la Corte Suprema.
En paralelo, Burford endureció su respuesta al fallo y sostuvo que la decisión fue «decepcionante», además de dejar planteada la posibilidad de nuevas vías judiciales y arbitrales. En Balcarce 50 siguen de cerca esos movimientos, pero insisten en que el cuadro cambió de manera sustancial a favor de la Argentina y que, ante cualquier nueva ofensiva, responderán con el mismo encuadre jurídico que les permitió derribar la sentencia por más de US$16.000 millones.