Tras el crimen de Kim Gómez en La Plata, el Presidente exigió la renuncia del gobernador Axel Kicillof para tomar el control de la provincia y poder aplicar su propia política de seguridad.
El presidente Javier Milei le exigió al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que renuncie a su cargo para habilitar una intervención federal y aplicar su propia política de seguridad.
El reclamo se produjo este viernes, en el marco de la conmoción por el crimen de Kim Gómez, la nena de 7 años asesinada durante un robo en La Plata, en un caso que reavivó el debate sobre la inseguridad en el conurbano bonaerense y generó fuertes cruces entre funcionarios de la Nación y la Provincia.
“Dado que la Provincia es un baño de sangre, y nuestra visión sobre cómo afrontar el problema es tan distinta y usted claramente no puede resolverlo (…), dado que está admitiendo su fracaso, si le interesa el bienestar de los bonaerenses córrase del camino (esto es, renuncie) y déjenos intervenir la Provincia. En un año nosotros vamos a terminar con la violencia”, escribió Milei en su cuenta de X.
Ahora bien, ¿qué es y qué implica una intervención federal? La medida propuesta por el Presidente es una instancia contemplada en el artículo 6° la Constitución Nacional ante una situación de conflicto en una o varias provincias en caso de una invasión exterior, invasión de otra provincia o destitución de sus autoridades.
Funciona como garantía federal, es decir, que el estado nacional asegura y protege las autonomías provinciales en el marco de la forma de Estado federal.
Sin embargo, para que una intervención federal sea viable, se deben cumplir los requisitos establecidos en la Constitución y contar con el aval del Congreso. El artículo 6º de la Carta Magna establece tres causas para intervenir en una provincia: garantizar la forma republicana de gobierno, repeler invasiones extranjeras o responder a una solicitud de las autoridades locales si fueron depuestas por una sedición o la intromisión de otra provincia.
El procedimiento para aplicar esta medida es atribución exclusiva del Congreso Nacional desde la reforma constitucional de 1994. El Presidente puede decretarla de manera excepcional solo si el Congreso está en receso, aunque posteriormente debe ser ratificada por el Poder Legislativo.
En este escenario, La Libertad Avanza necesitaría reunir mayoría en ambas cámaras del Congreso para avanzar con la iniciativa, algo que, por ahora, no tiene garantizado.
El recurso de la intervención federal tiene su origen en el Pacto Federal de 1831 y el Acuerdo de San Nicolás de 1852, donde se establecía el auxilio del gobierno central a provincias afectadas por conflictos internos. A lo largo del tiempo se sumaron nuevos criterios y regulaciones.
Desde la sanción de la Constitución de 1853 hasta 1976, se registraron 174 intervenciones provinciales, lo que refleja el uso recurrente de este mecanismo. Sin embargo, la reforma constitucional de 1994 estableció restricciones explícitas para su aplicación y desde entonces solo hubo una intervención: fue en Santiago del Estero, en 2004. La aplicó Néstor Kirchner debido a denuncias de corrupción, abusos policiales y espionaje a opositores durante la gestión de Mercedes “Nina” Aragonés de Juárez.