La Policía Rural y Ecológica de Gobernador Virasoro decomisó más de 205 kilogramos de carne que carecía de controles sanitarios y presentaba signos de contaminación, en el marco de una investigación por abigeato.
La Policía Rural y Ecológica de Gobernador Virasoro decomisó más de 205 kilogramos de productos cárnicos que carecían de controles y presentaban signos evidentes de contaminación, según informaron fuentes oficiales. La investigación se inició tras denuncias por abigeato.
La pesquisa permitió identificar que el centro de distribución era un local comercial denominado “La Familia”, ubicado en el barrio Vuelta del Ombú. Durante la inspección, encabezada por efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y el director de Bromatología municipal, Raúl Quispe, se hallaron inicialmente 155 kilogramos de cortes (costillares, paletas y chuleteros) dentro de cámaras frigoríficas.
Las autoridades constataron que los cortes presentaban restos de tierra y pasto, carecían de sello de inspección veterinaria y no poseían documentación sanitaria que avalara su origen.
El vehículo utilizado para el transporte era un automóvil Fiat Uno de color blanco. Tras rastrearlo, la Policía allanó una vivienda en el barrio Narciso Vega, donde se secuestró la unidad. Las pericias iniciales detectaron manchas de sangre en el sector del baúl, compatibles con el transporte de reses faenadas clandestinamente.
El mismo automóvil ya había sido incautado en diciembre de 2025 en la localidad de Garabí por un hecho similar de abigeato, oportunidad en la que su conductor resultó detenido.
En una segunda fase del procedimiento, se inspeccionó un depósito anexo a la carnicería, donde se hallaron otros 50 kilogramos de carne en freezers, también contaminados y sin registro. Además del decomiso total de la carne, la Justicia ordenó el secuestro de teléfonos celulares y dispositivos digitales para profundizar en la red de proveedores.
La causa se encuentra bajo la órbita del Juzgado y la Fiscalía de Instrucción de Gobernador Virasoro, mientras se intenta determinar el origen del ganado sustraído y las responsabilidades penales de los propietarios del comercio y los transportistas.