El escribano Federico Miguel, director de la carrera de Escribanía de la Universidad Siglo XXI, explicó cómo debe administrarse el patrimonio de un artista durante su minoría de edad y qué mecanismos legales existen para solicitar una rendición de cuentas al llegar a la adultez.
El escribano Federico Miguel, director de la carrera de Escribanía de la Universidad Siglo XXI, se refirió al marco legal que regula la administración de los bienes de una persona menor de edad, en el contexto de las versiones sobre el patrimonio de la cantante Tini Stoessel y la auditoría que habría solicitado.
En diálogo con el programa radial “Es por acá”, conducido por Juan Bernaus y Julieta Fantini, Miguel explicó que, mientras una persona es menor de edad, sus padres administran sus bienes, pero no pueden considerarlos propios. La administración debe realizarse en beneficio del hijo e incluye los ingresos obtenidos por actividades laborales. “El dinero es del que lo trabaja en general”, sostuvo.
El especialista señaló que esta situación puede aplicarse a artistas que comienzan sus carreras siendo menores de edad. También indicó que el trabajo artístico infantil cuenta con regulaciones específicas. “El empleo formal se puede dar a partir de los 16, pero lo que es para trabajo artístico infantil hay una serie de convenios de la Organización Internacional del Trabajo que lo permite”, afirmó.
En cuanto a la posibilidad de reconstruir el patrimonio y los contratos vinculados con la artista, Miguel explicó que el primer paso consiste en identificar toda la documentación existente, como contratos, acuerdos de confidencialidad y sociedades relacionadas con las actividades comerciales. “Lo primero es encontrar, es un trabajo de rastreo, por eso ella lo primero que planteó una auditoría”, detalló.
El escribano agregó que, si determinados contratos fueron firmados por un representante durante la minoría de edad, la persona puede solicitar el acceso a esa documentación. También señaló que las marcas vinculadas con Tini aparecen registradas a nombre de distintas sociedades. “Ahora son adultos, que más allá de que sean padre e hija, son adultos, personas jurídicas, empresas, sociedades”, expresó.
Miguel remarcó que las versiones sobre el caso no permiten afirmar por sí mismas que haya existido un delito. Primero debería establecerse qué ocurrió con los bienes y los ingresos y, a partir de esa información, determinar si existe alguna responsabilidad. Ante una eventual irregularidad, como la administración fraudulenta o la malversación de fondos, señaló que cualquier reclamo requeriría demostrar cómo se administraron los bienes y de dónde provinieron los fondos. “Él va a tener que probar cómo la compró la casa, de dónde sacaste los fondos, de dónde sacaste los ingresos para eso”, concluyó.