Abelardo de la Espriella asume la presidencia de Colombia en reemplazo de Gustavo Petro. El nuevo gobierno enfrenta una crisis fiscal, alta informalidad laboral y tensiones en el sistema de salud.
Esta semana, Abelardo de la Espriella asumirá la presidencia de Colombia, sucediendo a Gustavo Petro. La transición ocurre en un contexto de polarización política y con una oposición que podría estar liderada por el expresidente Petro.
El nuevo gobierno hereda un panorama económico con varios indicadores mixtos. Según datos oficiales, la pobreza multidimensional ha disminuido desde la Constitución de 1991, impulsada por el gasto público social. Sin embargo, los avances se concentran en acceso a educación, salud, servicios públicos y vivienda, sin mejoras significativas en ingresos. La brecha entre zonas rurales y urbanas se amplió y el sistema de salud atraviesa una crisis.
Durante la administración Petro, el desempleo bajó, aunque gran parte de la mejora se atribuye al empleo público. La informalidad laboral afecta a casi la mitad de los trabajadores urbanos y a más de cuatro quintas partes de los rurales. El ajuste fiscal que planea el nuevo gobierno podría revertir parte de ese progreso.
El gobierno de De la Espriella fijó una meta de crecimiento del 7% anual, considerada ambiciosa. Analistas sugieren que un objetivo más realista sería en torno al 4%, apoyado en la recuperación de sectores como petróleo, minería y construcción. La inversión se ubicó cerca del 17% del PIB, frente al 22% en la década de 2010.
En comercio exterior, se buscará sostener las exportaciones no tradicionales (distintas a petróleo, carbón y café). El banco central intervino en el mercado cambiario para frenar la apreciación del peso. Los aranceles anunciados por el presidente estadounidense Donald Trump podrían afectar las exportaciones, aunque la recuperación económica de Venezuela, segundo socio comercial histórico, podría compensar parcialmente.
Entre los riesgos de corto plazo se mencionan el fenómeno de El Niño sobre la producción agrícola, la dependencia de la energía hidroeléctrica, la limitada capacidad de generación y la escasez de gas natural, que aumentan la posibilidad de racionamiento eléctrico. Las altas tasas de interés del banco central para contener la inflación también podrían frenar el crecimiento.
La crisis fiscal es uno de los principales desafíos. Desde 2024, el déficit fiscal supera el 6% del PIB, uno de los más altos de América Latina. Se proyecta que la deuda pública supere el 66% del PIB en 2026, nivel récord histórico.
El gobierno planea reducir el gasto público en aproximadamente el 3% del PIB mediante un plan de choque que incluye la eliminación de puestos públicos. La viabilidad de este ajuste es incierta por la rigidez de varias partidas y la necesidad de financiar salud y otros sectores. Una reforma tributaria podría ser necesaria, aunque el equipo de De la Espriella indicó que no es prioridad inmediata.
Desde las elecciones, los tipos de interés de la deuda pública interna y externa disminuyeron, lo que refleja confianza del mercado. Esa tendencia dependerá de la credibilidad de las políticas fiscales.
En seguridad, De la Espriella prometió desmantelar grupos armados ilegales, lo que podría requerir gastos adicionales. También deberá reconstruir la capacidad administrativa del sector público, especialmente en salud.
En política exterior, el nuevo gobierno deberá definir su grado de alineación con la administración Trump. Entre sus propuestas figuran limitar la participación en Naciones Unidas y otras instituciones multilaterales, y romper relaciones diplomáticas con Cuba, medidas que generan oposición interna.
El nuevo gobierno enfrenta la tarea de restablecer la estabilidad fiscal e impulsar la inversión sin sacrificar los logros sociales de las últimas décadas.
José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda de Colombia, es miembro de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT) y profesor emérito de la Universidad de Columbia.
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