La ONG Usina de Justicia presentó una denuncia penal contra la jueza Marta Elba Pascual, quien suspendió por 60 días la aplicación del Régimen Penal Juvenil en territorio bonaerense, y solicitó participar como amicus curiae en la causa.
La Asociación Civil Usina de Justicia presentó una denuncia penal contra la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de Lomas de Zamora, por su decisión de suspender preventivamente por 60 días la aplicación de la Ley 27.801 en la provincia de Buenos Aires. La medida fue adoptada el lunes en el marco de un habeas corpus presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo.
La ONG realizó dos presentaciones judiciales: solicitó intervenir como amicus curiae en el expediente 40881-HC y formuló una denuncia penal contra la jueza por los presuntos delitos de usurpación funcional y abuso de autoridad. La figura de amicus curiae permite que terceros ajenos al proceso acerquen argumentos al tribunal, que podrán ser considerados o no al momento de resolver.
La jueza Pascual, además de ordenar la suspensión, convocó a una audiencia para el 16 de septiembre, en la que las autoridades provinciales deberán informar sobre las medidas adoptadas y previstas para la implementación de la ley. Usina de Justicia pidió participar de esa reunión.
La decisión judicial no derogó ni anuló la Ley 27.801, que entró en vigencia esta semana, sino que dispuso temporalmente que no sea aplicada en el territorio bonaerense.
Fundamentos de la denuncia
Usina de Justicia, creada en 2011 por la doctora en Filosofía Diana Cohen Agrest tras el asesinato de su hijo Ezequiel, sostiene en su presentación que la decisión judicial se habría basado en una hipótesis de futuro sobre un posible incremento de internaciones y condiciones de alojamiento, sin que existiera una lesión concreta que justificara la suspensión. La denuncia también cuestiona que no se hayan considerado integralmente las distintas herramientas previstas por la ley, como medidas educativas, prohibiciones de contacto, servicios a la comunidad, monitoreo electrónico y mecanismos de reparación del daño.
La presentación fue realizada por Fernando Oscar Soto, a través del abogado Martín Luis Sarubbi, y plantea la necesidad de incorporar al proceso la perspectiva y los derechos de las víctimas de delitos. En su sitio web, la ONG señala que su objetivo es “defender y promover la participación de las víctimas y de sus familiares en los procesos judiciales”.
Declaraciones de la jueza
En declaraciones a la radio Now 97.9, Marta Elba Pascual defendió su decisión y afirmó que le parece “pésimo” que los menores estén encerrados. Aclaró que no está en desacuerdo con bajar la edad de imputabilidad a 14 años, pero expresó: “Yo no romantizo a los chicos que salen con un arma, pero hay una sensación como de que con esta ley le vamos a dar seguridad a la gente. Yo soy de la provincia de Buenos Aires y con esta ley no les vamos a dar seguridad”.
Pascual, quien fue ministra de Familia y Desarrollo Humano de la Provincia durante la gobernación de Eduardo Duhalde, explicó que en sus fallos aplica la “justicia restaurativa”, que apunta a “restaurar los vínculos y a que los jóvenes se responsabilicen por sus actos”. En ese marco, reclamó mecanismos relacionados “con oficios, actividades adentro, terapia” y consideró que “si no están los mecanismos para que se puedan dar estas medidas, esta ley no es beneficiosa para la sociedad ni para los jóvenes”.
La jueza también se refirió a la posibilidad de que la baja en la edad de imputabilidad funcione como desincentivo para la delincuencia juvenil y sostuvo que la cuestión “no pasa por encerrarlos por el encierro mismo, sino por darles los mecanismos para cuando salgan”.
Reacciones oficiales
La senadora Patricia Bullrich cuestionó la decisión en su cuenta de la red social X, donde escribió: “En la Provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad”.