La senadora nacional paraguaya Esperanza Martínez advirtió sobre el agravamiento de la situación sanitaria, económica e institucional en Paraguay y sostuvo que el país atraviesa un escenario marcado por el endeudamiento y la corrupción.
La senadora nacional por el Partido Participación Ciudadana e integrante del Frente Guasu, Esperanza Martínez, advirtió que Paraguay atraviesa una situación crítica en materia sanitaria, con hospitales desabastecidos, déficit de recursos humanos y un creciente peso del gasto directo de los pacientes.
Entrevistada por La Otra Campana, el programa que conducen Gustavo Ojeda y Facundo Sagardoy por LT7 Radio Corrientes y LT25 Radio Guaraní, la ex Ministra de Salud Pública y Bienestar Social durante el gobierno de Fernando Lugo sostuvo que estas dificultades son estructurales y persisten pese al fuerte incremento del presupuesto sanitario.
Martínez vinculó el escenario actual con el proceso posterior al gobierno de Lugo y cuestionó el crecimiento del endeudamiento público y la tercerización de servicios. Recordó que la deuda representaba cerca del 12 por ciento al finalizar aquella gestión y afirmó que actualmente se aproxima al 48 o 49 por ciento. Además, señaló que existe una deuda de 1.300 millones de dólares y sostuvo que, pese a que el presupuesto actual es 300 por ciento superior al que tuvo durante su administración, los hospitales continúan padeciendo faltantes de medicamentos e insumos.
La senadora también cuestionó que las inversiones en infraestructura no estén acompañadas por los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento de los establecimientos. Según explicó, se construyeron cinco o seis hospitales y se proyectan otros diez, pero algunos funcionan sin medicamentos, anestésicos, antibióticos y otros insumos esenciales. A esto sumó el déficit de profesionales y la falta de mejoras salariales sostenidas para el sector, al recordar que durante su gestión los médicos recibieron en 2012 un incremento del 60 por ciento y que posteriormente transcurrieron 13 años sin una recomposición gradual.
Martínez cuestionó además la tercerización de servicios sanitarios, particularmente los estudios por imágenes. Señaló que prestaciones anteriormente administradas por el Ministerio de Salud pasaron a empresas privadas y afirmó que, en determinados casos, el costo resulta 60 por ciento superior al de la administración institucional. Según su planteo, este proceso amplió la participación privada en áreas del sistema público y generó una modalidad de gestión orientada a la facturación.
El costo de la salud
La ex ministra señaló que entre el 50 y el 55 por ciento del gasto sanitario paraguayo es afrontado directamente por los ciudadanos. Explicó que, ante la falta de cobertura, las familias recurren a colectas, rifas, ventas de comidas y endeudamiento para acceder a tratamientos y medicamentos. Para Martínez, esta situación refleja el impacto del desabastecimiento sobre los hogares y el peso que adquieren los gastos de salud en la economía familiar.
En cuanto al conflicto médico, explicó que los profesionales reclaman recuperar una proporción salarial que pasó del 2,8 al 1,4 por ciento del salario mínimo vigente. Los trabajadores anunciaron la huelga con 60 días de anticipación, con el objetivo de que el Gobierno pudiera encontrar una respuesta a la demanda. La senadora sostuvo que la medida alcanzó una adhesión cercana al 100 por ciento a nivel nacional.
Martínez también advirtió sobre posibles renuncias masivas en áreas críticas, entre ellas cirugía pediátrica y anestesiología. Señaló que la conflictividad es consecuencia de reclamos acumulados durante años y de las dificultades que atraviesan tanto los profesionales como los usuarios del sistema sanitario. Según sostuvo, la falta de medicamentos, personal y recursos suficientes profundiza una crisis que se extiende sobre distintos niveles de la atención pública.
Amparos judiciales
Martínez cuestionó el mecanismo de adquisición de medicamentos mediante amparos judiciales y explicó que, cuando un tratamiento no está disponible por los canales habituales del sistema sanitario, los pacientes recurren a la Justicia para obtener una orden que obligue al Estado a comprarlo. Según señaló, el problema surge cuando esas adquisiciones se realizan de manera individual y a precios de farmacia, en lugar de incorporarse a compras generales mediante licitaciones que permitan reducir costos por volumen. Como ejemplo, mencionó medicamentos oncológicos que pueden alcanzar los 20 millones de guaraníes por unidad y sostuvo que una compra institucional permitiría obtenerlos a un valor inferior.
La senadora afirmó que el mecanismo puede ser utilizado por personas que recurren legítimamente a la Justicia para garantizar su derecho a la salud, pero también puede generar condiciones para prácticas irregulares. En ese sentido, mencionó la participación de jueces, abogados y profesionales en redes vinculadas con la obtención de medicamentos mediante amparos y sostuvo que aproximadamente el 20 por ciento de la deuda pública correspondiente a medicamentos estaría relacionado con este mecanismo. Martínez planteó la necesidad de adoptar medidas institucionales que permitan modificar el sistema de adquisición y evitar la fragmentación de las compras.
La legisladora ubicó esta problemática dentro de un conjunto más amplio de investigaciones que se desarrollan en el Senado paraguayo.
La mafia de los pagarés
Entre los casos abordados por Martínez se encuentra la denominada mafia de los pagarés, que, según explicó, afecta a personas que contraen deudas mediante compras financiadas. Relató que un consumidor puede adquirir un producto por tres millones de guaraníes y entregar un pagaré como garantía, pero que posteriormente ese documento puede ser reproducido y utilizado nuevamente aunque la obligación original haya sido cancelada. De acuerdo con su descripción, esta práctica puede generar nuevos reclamos judiciales y multiplicar una deuda inicialmente limitada.
Martínez señaló que en estos procedimientos intervienen comercios, empresas de cobranzas, abogados y operadores judiciales, y afirmó que las demandas pueden iniciarse en distintos distritos. Sostuvo que algunas personas terminaron pagando montos muy superiores al valor original de los bienes adquiridos y que, pese a haber cancelado sus obligaciones, continuaron enfrentando reclamos derivados de pagarés. La senadora definió el mecanismo como una estructura instalada y planteó la necesidad de investigar su funcionamiento.
La legisladora extendió sus cuestionamientos hacia las estructuras políticas y económicas que, según afirmó, permanecen vinculadas al poder en Paraguay. Aclaró que no responsabiliza al Partido Colorado en su conjunto y distinguió entre sus militantes y las cúpulas políticas y económicas que, de acuerdo con su planteo, utilizan posiciones de poder para obtener beneficios particulares. Martínez sostuvo que estos grupos intervienen en negocios públicos, privados y transnacionales y afirmó que la oposición enfrenta una disputa desigual por la concentración de recursos económicos y políticos.