La iniciativa busca transferir la traza al dominio público provincial y unificar la titularidad en el Estado. Incluye una suspensión de 60 días en las actuaciones judiciales y notificaciones a los oferentes de la licitación.
El Gobierno de la provincia remitió a la Legislatura un proyecto de ley para provincializar la traza del Corredor Belgrano e integrarla formalmente a la red vial provincial. La medida se enmarca en el diferendo judicial que rodea la concesión del corredor.
El texto contempla que el tramo comprendido desde la rotonda de ingreso hasta el puente pase a integrar el dominio público de la provincia. El objetivo declarado es concentrar la titularidad en el Estado provincial para consolidar las acciones legales en curso, impulsar la readecuación económica del peaje y coordinar la gestión de recursos con el municipio.
El fiscal de Estado, Horacio Ortega, explicó que la propuesta obedece a una decisión política del gobernador sobre una iniciativa que ya se venía evaluando técnicamente. La definición se conoció tras una reciente audiencia en la que participaron representantes del Gobierno nacional y de Vialidad Nacional.
Ante la presentación del proyecto legislativo por parte de la representación correntina, las partes acordaron una suspensión de las actuaciones judiciales por un plazo de 60 días.
Según Ortega, la incorporación formal de la traza a la jurisdicción provincial refuerza la posición jurídica de la provincia en el fuero judicial. El funcionario remarcó que el ingreso del corredor al dominio provincial otorga mayor legitimidad al derecho reclamado, lo que impactará tanto en el proceso en trámite como en la funcionalidad que el futuro adjudicatario deba otorgarle al trazado.
Tarifa
En cuanto a la eventual implementación del cobro de peaje a partir del mes de octubre, la postura provincial se enfoca en exigir una readecuación económica integral. Ortega precisó que estas negociaciones no están a cargo de la Fiscalía, sino que son conducidas de forma directa por el gobernador con el Ejecutivo nacional.
No obstante, la Fiscalía de Estado resguardó la posición legal de la provincia mediante la remisión de cartas documento a todos los oferentes que presentaron propuestas en el proceso licitatorio. A través de estas notificaciones oficiales, se les hizo saber la postura del Estado provincial y la continuidad del reclamo judicial, independientemente de quién resulte adjudicatario de la obra.
Hasta el momento, la estrategia judicial se desarrollaba de manera fragmentada entre las intervenciones de la Defensoría del Pueblo, la Municipalidad y la propia administración provincial.
De aprobarse el proyecto en el parlamento provincial, toda la traza quedará centralizada bajo un único titular: el Estado provincial. Esta unificación de la titularidad permitirá ejercer los derechos de manera concentrada y posibilitará la firma de convenios interjurisdiccionales entre la Provincia y el Municipio. Dichos acuerdos regularán la distribución de los gastos de mantenimiento y explotación, así como el reparto de la recaudación que se genere en el corredor.