La Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos del Senado de la Nación realizó una reunión con economistas, técnicos y legisladores para discutir la distribución de recursos entre la Nación y las provincias. El encuentro se llevó a cabo en el Salón Azul del Palacio Legislativo.
La Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos del Senado de la Nación abrió este martes una discusión sobre el esquema tributario y la distribución de recursos en el país. El encuentro, realizado en el Salón Azul del Palacio Legislativo, reunió a economistas, técnicos de centros de estudios y representantes parlamentarios.
Al abrir las deliberaciones, el presidente de la comisión, el senador correntino de la UCR Eduardo «Peteco» Vischi, afirmó que el Congreso arrastra «una deuda pendiente» cuyo tratamiento lleva 30 años de retraso. El legislador sostuvo que la discusión no puede quedar reducida a un cálculo contable, sino que debe orientarse hacia «la autonomía real, la sustentabilidad y el desarrollo equitativo de las provincias».
«La Argentina arrastra asimetrías que han condicionado el desarrollo de sus distintas regiones. Esas desigualdades siguen presentes y se manifiestan claramente en el modo en el que los tributos nacionales derraman hacia las provincias, perjudicando un desarrollo armónico», declaró Vischi.
En la misma línea, la senadora salteña Flavia Royón, que también integra la comisión, advirtió que las gobernaciones asumieron un papel de amortiguador frente al repliegue de funciones del Estado nacional, por lo que consideró que la revisión del esquema distributivo tiene una urgencia impostergable.
La discusión legislativa coincide con gestiones de los mandatarios provinciales ante el Ejecutivo nacional en busca de previsibilidad financiera. En el caso de Corrientes, el gobernador Juan Pablo Valdés encabeza gestiones para asegurar el flujo de recursos que garanticen el funcionamiento y el desarrollo del distrito, en un escenario donde los fondos coparticipables y los sucesivos pactos fiscales marcan el pulso de la administración local.
Durante el debate, el senador Francisco Paoltroni cuestionó las asimetrías históricas en el reparto y el impacto de los fondos en determinadas jurisdicciones, y señaló diferencias estructurales que dificultan un consenso generalizado entre las provincias.
El relanzamiento de la Comisión de Coparticipación se produce en un contexto político donde el oficialismo nacional y los gobernadores negocian apoyos legislativos. Según se indicó, la administración central necesita respaldos en ambas cámaras para aprobar proyectos de su programa de gobierno, mientras los mandatarios provinciales utilizan su peso político y la negociación con la Nación para asegurar fondos, obras y respaldo financiero en sus territorios.
El primer diagnóstico técnico estuvo a cargo de Guido Zack, director de Economía del centro de investigaciones Fundar, quien presentó un informe sobre las disparidades regionales del país. Zack sostuvo que la Argentina exhibe uno de los niveles de desigualdad geográfica más agudos del planeta, solo superado por Rusia y Eslovaquia. Recordó que el régimen actual se apoya en una ley transitoria sancionada en 1988 cuyo plazo legal para ser renovada venció a mediados de los años noventa. Según puntualizó, aquella norma fijaba que las provincias debían percibir como piso el 34 por ciento de la recaudación tributaria nacional, un compromiso legal que, afirmó, prácticamente nunca se respetó desde finales de esa década. Subrayó que discutir este sistema implica definir si una persona nacida en el territorio argentino tendrá las mismas oportunidades de progreso sin importar la provincia de origen, una meta que en la actualidad se encuentra lejos de cumplirse.
A su turno, el director ejecutivo de Cippec, Luciano Laspina, puso el foco en las trabas estructurales que impiden sancionar un nuevo marco normativo. Desde su perspectiva, el principal impedimento radica en la ausencia de criterios precisos para encarar la renegociación, situación que lleva treinta años de propuestas sin avances concretos. Para sortear este laberinto político y jurídico, Laspina planteó dos caminos institucionales viables: avanzar con la reglamentación del artículo 75 de la Constitución Nacional para establecer con claridad qué mayorías legislativas se necesitan y qué ocurre con aquellos distritos que eventualmente no presten su adhesión, o promover una acción declarativa de certeza ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que el máximo tribunal determine pautas operativas ante la inacción del sistema político.
El diputado nacional mendocino Lisandro Nieri vinculó la postergación de esta ley con las dificultades para encarar un ordenamiento impositivo general. El legislador radical remarcó que el sistema vigente condiciona cualquier intento serio de alivio fiscal y genera un desbalance funcional, caracterizado por una concentración de los recursos en el gobierno federal y una delegación masiva del gasto social hacia las gobernaciones. Nieri apuntó además a la falta de incentivos para el desarrollo de la recaudación propia en las jurisdicciones subnacionales y señaló que existen ocho provincias en las que menos del 20 por ciento de sus ingresos totales corresponde a recursos tributarios locales.
El cierre del panel estuvo a cargo del ministro de Economía de Salta, Roberto Dib Ashur, quien presentó una propuesta elaborada por su provincia basada en criterios objetivos de calidad de vida. El funcionario expuso la gravedad del atraso fiscal al advertir que de cada cien pesos recaudados en el país el Estado nacional retiene setenta, mientras las provincias asumen cada vez más responsabilidades de salud, educación y seguridad con presupuestos asfixiados. Frente a ese cuadro, reclamó un reparto equitativo que atienda las necesidades estructurales del interior para terminar con las postergaciones históricas.