El máximo tribunal resolvió que el juez federal Daniel Rafecas investigue las presuntas maniobras de lavado de dinero atribuidas a los titulares de la AFA. La decisión incluyó críticas a dos jueces de Casación y a un camarista federal.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió el jueves pasado que la investigación por presunto lavado de dinero que involucra a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, titulares de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), quede a cargo del juez federal Daniel Rafecas. El máximo tribunal adoptó la medida tras un recurso del fiscal general Mario Villar, quien había cuestionado que el caso fuera derivado a la justicia federal de Campana.
La causa se originó en una denuncia sobre una propiedad en Pilar, valuada en aproximadamente 20 millones de dólares, que habría sido adquirida a nombre de dos personas y que, según la investigación, pertenecería a Toviggino. El fiscal Villar sostuvo que la operación no constituye un hecho aislado sino parte de un entramado de presuntas maniobras de lavado de dinero, y que la sede de la AFA y las escrituras se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que la jurisdicción corresponde a los tribunales federales porteños.
En su resolución, la Corte Suprema criticó a los jueces de la Cámara de Casación Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña por haber avalado la competencia del juez de Campana, Adrián González Charvay. El tribunal señaló que los magistrados “omitieron deliberadamente analizar sus propios argumentos” y dispuso “encauzar el litigio y corregir los excesos deformantes” del trámite. La decisión fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
El fallo también alcanzó al camarista federal de San Martín Alberto Lugones, a quien la Corte le indicó que había incurrido en un error al intervenir en una jurisdicción ajena. La semana pasada, el máximo tribunal había ordenado que la Inspección General de Justicia de la Nación (IGJ) audite las cuentas de la AFA, en lugar de la provincia de Buenos Aires.
Rafecas, quien había ordenado el allanamiento de la propiedad de Pilar al inicio de la causa, fue propuesto recientemente para ascender como juez de la Cámara de Casación. El concurso respectivo fue aprobado por el Consejo de la Magistratura en 2019 y el pliego fue enviado al Senado en las últimas semanas. Ante la posibilidad de que Rafecas deje su cargo, el nombre del juez Ariel Lijo surgió como posible subrogante.
En paralelo, Tapia y Toviggino son investigados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI por el manejo de ingresos internacionales a través de bancos estadounidenses. La pesquisa, radicada en el distrito Sur de Florida, examina el rol de la empresa TourProdEnter LLC como agente comercial de la AFA y busca determinar si hubo desvío de recursos, lavado de dinero o fraude bancario. Un gran jurado ya fue constituido para revisar las pruebas.
Consultados sobre el caso, dirigentes de clubes argentinos evitaron pronunciarse públicamente. Los presidentes de River Plate, Stefano Di Carlo, y de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, fueron los únicos que cuestionaron a Tapia. Fuentes de la AFA aludieron a un reparto de dinero entre los clubes y a supuestas prácticas de presión con la designación de árbitros, versiones que no fueron confirmadas oficialmente.
