El avance de la causa Vialidad, que involucra a Cristina Fernández de Kirchner y a otras ocho personas, marcó un hito clave esta tarde. En paralelo, el Gobierno de Donald Trump la sancionó por sus causas de corrupción.
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los pedidos de apelación tanto del fiscal como de las defensas de los acusados. Con esta decisión, la causa podría ahora llegar a la Corte Suprema mediante un recurso de queja, es decir, sin el respaldo de la Cámara.
La intervención del máximo tribunal, sin un plazo definido, será determinante para que las condenas queden firmes y se hagan efectivas.
La Sala IV de la Cámara de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, desestimó los recursos presentados por los abogados de los condenados y por el fiscal Mario Villar contra el fallo emitido por la misma Sala en noviembre pasado.
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En ese fallo, se ratificaron las condenas dictadas por el Tribunal Oral Federal 2, que establecieron una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación a la Administración Pública, en relación con las 51 obras viales adjudicadas al empresario Lázaro Báez entre 2003 y 2015.
En su resolución, la Sala IV declaró inadmisibles los recursos extraordinarios federales interpuestos por las defensas de los nueve condenados, incluyendo a Cristina Fernández, Lázaro Báez y José López.
Además de las penas de prisión, la sentencia contempla el decomiso de 84.800 millones de pesos, ajustables, y la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer funciones públicas.
Asimismo, el tribunal rechazó el recurso extraordinario presentado por el fiscal general Mario Villar en relación con la confirmación de las absoluciones por el delito de asociación ilícita.
En este punto, el juez Hornos se expresó en disidencia y propuso conceder el recurso extraordinario al fiscal exclusivamente en lo referido a la acusación por asociación ilícita y al aumento del monto del decomiso.
La defensa de la expresidente argumentó que el fallo tenía un carácter de «gravedad institucional«. Sin embargo, los jueces de Casación, citando jurisprudencia de la Corte, señalaron que si bien no desconocen la importancia del caso, la gravedad institucional se vincula con la relevancia de la sentencia apelada y con la necesidad de que el máximo tribunal se expida sobre el punto en debate. En conclusión, sostuvieron que no toda causa de trascendencia constituye automáticamente un caso de gravedad institucional.
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Los abogados defensores de todas las partes, junto con el fiscal Mario Villar, tienen ahora un plazo de cinco días hábiles para presentar el «recurso de queja» ante la Cámara de Casación con el objetivo de que la Corte Suprema intervenga en la causa Vialidad. Se espera que este procedimiento se concrete en los próximos días, abriendo el último tramo judicial de este proceso.
El rol de la Corte
A partir de este punto, la Corte tiene dos opciones. La primera es rechazar la apelación sin analizar el fondo del planteo, aplicando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
En este escenario, la condena quedaría firme y aquellos acusados con penas de más de tres años y un día de prisión deberían ser detenidos. En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, si no contara con fueros legislativos, su edad—72 años—le permitiría acceder a la prisión domiciliaria.
La segunda opción es que la Corte decida abrir el caso para su análisis, lo que implicaría un estudio más detallado del expediente y una resolución que podría tomar más tiempo.
En este caso, el tribunal tiene la potestad de confirmar lo actuado por las instancias anteriores, anular las sentencias, modificar las penas—ya sea reduciéndolas o aumentándolas—o incluso absolver a alguno de los acusados.
Con la confirmación de las condenas por parte de la Cámara de Casación, la causa Vialidad se encuentra en la instancia conocida como «doble conforme«, es decir, cuenta con dos sentencias en el mismo sentido, lo que refuerza su solidez jurídica.
Este fue el mismo estadio procesal en el que se encontraba el caso del exvicepresidente Amado Boudou antes de que la Corte resolviera su situación.
Sin embargo, la Corte Suprema no tiene plazos establecidos para tratar el planteo. Puede resolver la causa de inmediato con los jueces que integren el tribunal en ese momento o bien tomarse un tiempo prolongado antes de emitir un fallo definitivo.
En caso de presentarse a elecciones y resultar electa, los fueros parlamentarios podrían otorgarle inmunidad frente a una eventual detención, agregando un nuevo factor de especulación política en torno a la resolución del caso.