La iniciativa presentada por una diputada busca desregular completamente el ejercicio profesional. Los especialistas advierten sobre la pérdida de control ético y técnico, y los riesgos que esto implica para la salud pública, la seguridad jurídica y el desarrollo profesional.
Una de las banderas de Javier Milei y su gestión de Gobierno pasa por la desregulación y la eliminación de miles de normativas que consideran contrarias a la libertad. Ahora parece que los cañones van corriendo sus miras a los colegios profesionales.
Es que en un movimiento que amenaza con desmantelar más de un siglo de institucionalidad profesional en Argentina, el oficialismo presentó un proyecto de ley que elimina la obligatoriedad de matriculación en colegios profesionales, consejos y asociaciones. La propuesta fue ingresada en la Cámara de Diputados por la legisladora de La Libertad Avanza, Marcela Pagano, bajo el expediente 1677-D-2025.
El texto plantea sustituir el sistema colegiado por un Registro Nacional de Profesionales en manos del Ministerio de Capital Humano. La inscripción sería gratuita y única para ejercer en todo el país, reemplazando las matrículas provinciales y suprimiendo cualquier contribución obligatoria a entidades profesionales.
La medida, presentada bajo la consigna de “liberar el ejercicio profesional”, generó una inmediata reacción de repudio por parte de instituciones históricas que advierten sobre su carácter regresivo. Cuando se planteaba la discusión, especialistas advertía que esta clase de medidas “desprotege a la sociedad”, especialmente en profesiones críticas como las vinculadas a la salud.
Entre los aspectos más controvertidos se encuentra la prohibición de exigir cuotas, tasas o aportes obligatorios. Esto significaría, en la práctica, desfinanciar por completo a los colegios profesionales, muchos de los cuales dependen exclusivamente de esos ingresos para funcionar. Su rol actual no es simbólico: otorgan matrículas, fiscalizan el ejercicio legal, sancionan irregularidades y garantizan la actualización constante de los profesionales.
Desde la vuelta de la democracia, la existencia de colegios ha sido clave para preservar estándares en áreas sensibles como la salud, la justicia, la ingeniería o la arquitectura. El Colegio de Abogados, por ejemplo, fue fundado en 1913 y es uno de los pilares de la seguridad jurídica en el país. El desmantelamiento de ese entramado pondría fin a más de cien años de tradición reguladora.
El proyecto otorga 120 días a las entidades actuales para transferir sus bases de datos al nuevo Registro Nacional. Aunque se contempla la posibilidad de que actúen como sedes de matriculación mediante convenios, su poder regulador quedaría completamente anulado, y su financiamiento dependería de contribuciones voluntarias.
En nombre de la “igualdad de oportunidades”, la propuesta desoye la diversidad federal: cada provincia tiene sus propias leyes colegiadas, y muchas exigen matrícula local para firmar documentos, intervenir en licitaciones o prescribir medicamentos. El proyecto invita a las provincias a adherir, pero no garantiza su consentimiento.
La desregulación del ejercicio profesional no es una idea nueva en la agenda liberal, pero esta es la primera vez que se traduce en un proyecto con estado parlamentario concreto. De aprobarse, implicaría la mayor reforma institucional sobre las profesiones desde la creación de los primeros colegios.
Actualmente, la iniciativa se encuentra en estudio en las comisiones de Educación, Legislación General y Presupuesto y Hacienda.