En un giro significativo dentro del extenso litigio internacional por la expropiación de YPF, el Departamento de Justicia de Estados Unidos formalizó su respaldo a la República Argentina, solicitando que se respete la inmunidad soberana extranjera y se suspenda la entrega de acciones de la petrolera estatal mientras se tramita la apelación.
Este apoyo a Argentina, presentado ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York, representa un hito diplomático y jurídico que podría influir en el desenlace de una causa que lleva más de una década en los tribunales norteamericanos.
La causa se originó en 2012, cuando el gobierno argentino, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, expropió el 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de Repsol. El fondo Burford Capital, que adquirió los derechos de litigio de las empresas Petersen y Eton Park, inició una demanda contra el Estado argentino por considerar que la expropiación se realizó sin respetar los estatutos de la compañía.
En 2023, la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, falló en primera instancia contra Argentina, condenándola a pagar más de USD 16.000 millones y ordenando la entrega de las acciones de YPF a los demandantes.
El reciente respaldo de Estados Unidos se concretó mediante la figura del amicus curiae (amigo del tribunal), una herramienta legal que permite a terceros presentar argumentos en causas judiciales relevantes.
En su escrito, el Departamento de Justicia argumentó que la orden de entrega de acciones viola los principios de inmunidad soberana extranjera, establecidos en la Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA) de 1976 y en el derecho consuetudinario federal.
Puntos a considerar
Entre los puntos destacados del documento se encuentran: La propiedad de un Estado extranjero ubicada fuera de Estados Unidos no puede ser ejecutada por tribunales norteamericanos sin consentimiento. La orden de Preska podría generar un daño irreparable a Argentina, ya que si se entregan las acciones y luego el país gana la apelación, no podría recuperarlas.
Exigir una fianza durante la apelación obligaría a Argentina a localizar activos en Estados Unidos, exponiéndolos a embargos. La suspensión no perjudicaría a los demandantes, ya que Argentina mantiene las acciones y no puede venderlas sin autorización legislativa.
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