El empresario Javier Faroni presentó un escrito ante la justicia penal porteña en el que solicita que se impulse la acción penal contra Guillermo Tofoni por falso testimonio y estafa procesal, basándose en un fallo de la Corte de Delaware que restringió el uso de información bancaria obtenida mediante Discovery.
El empresario Javier Faroni amplió este jueves su denuncia penal contra el empresario deportivo Guillermo Tofoni por los delitos de falso testimonio y estafa procesal, según el escrito presentado ante el juez penal Alfredo Godoy, al que tuvo acceso Clarín. La presentación incorpora como hecho nuevo una resolución del juez Richard Andrews, titular del Tribunal de Distrito para el Distrito de Delaware, dictada el lunes pasado.
De acuerdo con ese fallo, Tofoni utilizó información bancaria confidencial de cuentas en Estados Unidos para impulsar denuncias penales en la Argentina, cuando esa prueba solo le había sido concedida para una causa comercial en el fuero civil porteño. El juez Andrews afirmó: “El uso que el señor Tofoni hizo de los materiales de TourProdEnter en procesos penales argentinos excede ampliamente el alcance de lo que solicitó en su petición y, por lo tanto, es improcedente”.
El magistrado estadounidense también sostuvo que “no es razonablemente contemplable que documentos revelados para resolver una controversia contractual comercial fueran a utilizarse en procesos penales no relacionados”. Por esa razón, dispuso una orden de protección estricta que limita el uso de los datos financieros al pleito civil de la AFA, prohíbe su filtración a la prensa o a cualquier fuero no autorizado y exige la devolución o destrucción de los registros no habilitados.
La defensa de Faroni, patrocinada por los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, señaló que la resolución de Delaware es la cuarta orden judicial consecutiva de la justicia de Estados Unidos. El Tribunal del Distrito Medio de Georgia había emitido tres órdenes en el mismo sentido (el 7 de octubre de 2025, el 27 de abril de 2026 y el 21 de julio de 2026), prohibiendo explícitamente el uso del material de Synovus Bank en acciones penales contra Faroni o la AFA.
Según la querella, Tofoni declaró bajo juramento ante jueces y fiscales argentinos que no tenía restricciones para aportar la prueba obtenida en Estados Unidos. Con esa documentación, que la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) definió en un informe como la “hoja de ruta” utilizada para encauzar las pesquisas, Tofoni habría inducido a error a los investigadores locales.
Basándose en esa “hoja de ruta”, el 28 de septiembre de 2026 la fiscalía penal 41 calificó dicha documentación financiera como “prueba fundamental” de la causa penal y libró un exhorto internacional a las autoridades judiciales de Estados Unidos para solicitar informes oficiales sobre cuentas bancarias personales y de sociedades asociadas, así como los antecedentes penales de Faroni y su entorno. El 13 de octubre de 2026, la fiscalía reformuló el pedido con números e información específica de cuentas bancarias.
La defensa de Faroni sostuvo en la presentación: “El agravio es actual, concreto y directo. Se utilizó la vía penal como una herramienta de extorsión patrimonial en una disputa comercial, valiéndose de engaños sobre la legalidad de la prueba aportada”. Los letrados argumentaron que la causa penal porteña y el exhorto enviado a Estados Unidos se sustentan en una prueba que nunca debió ser usada en el fuero penal.
En el escrito, Faroni solicitó ser aceptado como parte querellante y que el fiscal ordene medidas de prueba para corroborar la falsedad de las declaraciones de Tofoni, entre ellas, si aportó los resúmenes bancarios de Estados Unidos y si notificó las prohibiciones impuestas por los jueces de Delaware y Georgia, y determinar si, a marzo de 2026, Tofoni había incorporado en la causa contra la AFA el material que alegó necesitar para ese expediente.
El conflicto se centra en el uso de una norma del derecho federal estadounidense que permite a un litigante privado solicitar auxilio judicial en Estados Unidos (Discovery) para exigir documentación confidencial o testimonios a personas o empresas radicadas en ese país, destinados a un pleito en el extranjero. Para conceder ese pedido, el solicitante debe demostrar que la prueba es necesaria y conducente para un expediente o fuero específico en el extranjero, y la solicitud se autoriza únicamente en función de ese objeto procesal declarado bajo juramento.
En octubre de 2025, Tofoni acudió a las cortes de Delaware y Georgia, donde alegó que necesitaba conocer los movimientos bancarios para su demanda contractual contra la AFA por la representación de los partidos de la selección nacional. La justicia de Estados Unidos aceptó el requerimiento y ordenó a entidades financieras la entrega de resúmenes y registros de cuentas vinculadas a TourProdEnter LLC, sus dueños y directivos.
Según el escrito de Faroni, una vez obtenidos esos papeles confidenciales, Tofoni no los aportó de inmediato en el expediente comercial, sino que se presentó en la justicia penal argentina e inició denuncias por presunto lavado de dinero, evasión y defraudación, en las que aseveró en sus declaraciones testimoniales que no pesaba sobre él “ningún límite ni restricción” para usar ese material.
TourProdenter, la empresa de Faroni y su esposa Erica Gilette, es cuestionada por haber comenzado a cobrar contratos comerciales de la AFA a cambio de una comisión del 30%, según consignó Clarín.