La Municipalidad de Mburucuyá atraviesa una crisis financiera y administrativa luego de que se confirmara que al menos 40 chequeras emitidas en 2025 se encuentran fuera del ámbito oficial, presumiblemente en manos de exfuncionarios de la gestión anterior, alertaron autoridades municipales.
La irregularidad fue detectada tras la asunción del nuevo intendente, Edgar Galarza Florentín, el 10 de diciembre, cuando su equipo advirtió anomalías en la documentación financiera y la ausencia de información clave para la rendición de cuentas. El Banco de Corrientes informó que durante 2025 se emitieron más de 5.850 cheques, y que al menos 40 chequeras podrían estar en poder de personas que ya no integran la administración municipal, generando alarma por posibles cobros ilegales o pagos indebidos.
La preocupación se agravó al confirmarse que dos cheques fueron cobrados después de la finalización formal de la gestión anterior, lo que indica que las chequeras sustraídas podrían ser utilizadas para efectuar pagos con fechas anteriores al cambio de autoridades. Esta situación motivó un alerta interno y el inicio de una revisión detallada de la contabilidad comunal.
Según el informe, los cheques estaban cofirmados por el exintendente Pablo Kelo Guastavino y el exsecretario de Economía, Francisco Javier Romero, aunque hasta el momento no se precisó quiénes poseen actualmente las chequeras ni si se realizaron cobros no autorizados antes de detectarse la situación.
La situación financiera se combina con la falta de fondos en la cuenta municipal, otra irregularidad puesta de manifiesto por la nueva administración. El equipo de Galarza Florentín trabaja en un informe detallado de la situación económica y evalúa posibles acciones judiciales contra la gestión saliente, en un contexto en el que la transparencia de los balances y la rendición de cuentas se han vuelto temas centrales.
Hasta el momento, las autoridades no brindaron precisiones sobre fechas para la presentación de medidas legales ni sobre la posibilidad de iniciar denuncias penales por la sustracción y eventual uso indebido de las chequeras.