Con el aumento de operativos por parte de los agentes de inmigración, diversas organizaciones hacen un llamado a la comunidad migrante para que conozcan sus derechos. Entre los puntos que destacan están los referentes a las órdenes judiciales y qué implican en una detención.
De acuerdo con una reciente publicación de The Associated Press la mayoría de los arrestos migratorios se llevan a cabo en virtud de órdenes administrativas, documentos que autorizan el arresto de una persona específica, pero no permiten la entrada a domicilios ni otros espacios no públicos sin consentimiento. A diferencia de las judiciales.
La agencia señala que todas las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), se rigen por la Cuarta Enmienda de la Constitución de EE.UU., “que protege a todas las personas en el país de registros e incautaciones irrazonables”.
“Esto significa que las fuerzas del orden deben contar con una orden judicial antes de registrar la propiedad privada o arrestar a alguien, independientemente de su estatus migratorio“, precisan.
Agregan que, normalmente, las detenciones realizadas por las agencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) se autorizan mediante órdenes administrativas, a veces conocidas como órdenes de inmigración.
La American Civil Liberties Union (ACLU) of Northern California explica que los agentes podrían mostrar una orden judicial emitida por un tribunal, o tener una orden administrativa del DHS.
“Para entrar y registrar su casa o las áreas no públicas de un negocio, como la cocina de un restaurante, el ICE necesita una orden judicial válida, emitida por un tribunal y firmada por un juez”, dice la guía sobre los derechos de los migrantes de la organización.
También señala que una orden administrativa no autoriza al ICE entrar o registrar un domicilio. Si los agentes del ICE muestran una, no hay obligación de dejarlos pasar. Sin embargo, aconsejan que si entran a la fuerza, se diga que no se da el consentimiento, pero no intentar detenerlos.
Las órdenes judiciales son emitidas por un tribunal y firmadas por un magistrado o un juez estatal o federal. Pueden variar según el tribunal que las haya emitido, pero presentan características como:
Las órdenes administrativas utilizadas en la mayoría de las operaciones de los agentes de inmigración no permiten que las fuerzas del orden ingresen por la fuerza a una propiedad privada para detener a alguien.
AP refiere que, según expertos legales, hay excepciones limitadas, como si alguien está en peligro inmediato, si un agente persigue activamente a un sospechoso o si una persona pide ayuda dentro de la residencia. Sin embargo, estas no aplican en arrestos rutinarios por inmigración.
Las órdenes de inmigración provienen de una agencia gubernamental y sus características son: