Un proyecto de ley enviado al Congreso busca eliminar 63 leyes y dos decretos que han caído en desuso o representan trabas burocráticas, con el objetivo de agilizar la actividad cotidiana y laboral.
El Poder Ejecutivo Nacional ha enviado al Congreso un proyecto de ley para derogar legislación considerada obsoleta o en desuso. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger, es conocida como «ley de hojarasca» y apunta a eliminar normas formalmente vigentes pero que han perdido practicabilidad o entorpecen la libertad individual.
El proyecto propone la derogación de 63 leyes y dos decretos en su totalidad, y la modificación de artículos específicos en otras cinco leyes. Según el análisis presentado, aproximadamente un tercio de estas normas tienen hoy una presencia meramente virtual, ya sea porque la razón que las originó dejó de existir o porque cambios tecnológicos las volvieron inaplicables.
Entre los casos más llamativos se encuentran la ley 94 de 1864, que penaliza con azotes, y la ley 448, que otorga un premio en metálico por el descubrimiento de una mina de carbón. También figura la ley 22.964 de salud pública, que obliga al aislamiento forzoso de enfermos de lepra.
Los otros dos tercios de la legislación a derogar se relacionan, según el proyecto, con intervención estatal innecesaria y gasto superfluo. Un ejemplo citado es la ley 20.984 de 1975, que creó el Círculo de Legisladores Nacionales. Si bien la ley no elimina esta institución, sí suprime los artículos que establecen su financiamiento por el Tesoro Nacional.
El principio general de la iniciativa es someter a análisis todas las regulaciones que no tengan justificación en razones de salud o seguridad, manteniendo solo aquellas con fundamento demostrable en una sociedad libre y una economía de mercado. Además, se propone que las regulaciones excepcionales tengan un plazo de vigencia determinado.
Al revisar las normas a eliminar, se observa que muchas de ellas conllevan dispositivos burocráticos para inspeccionar su cumplimiento o aplicar sanciones. La derogación, según el Ejecutivo, contribuiría a simplificar la vida cotidiana y la actividad laboral, además de permitir una reducción del aparato estatal y del gasto público.